Test sasaestre.func.pub.ados 1. ¿En qué fecha fue promulgada la Ley para la Reforma Política?

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1. ¿En qué fecha fue promulgada la Ley para la Reforma Política?

. a) El 15 de diciembre de 1977.

. b) El 4 de enero de 1977.

. c) El 12 de enero de 1976.

2. ¿Cuál de las siguientes Constituciones extranjeras no se considera, por la doctrina, una influencia de la Constitución de 1978?

. a) La Constitución francesa de 1958.

. b) La Constitución portuguesa de 1976.

. c) La Constitución de Estados Unidos 1787.

3. La Constitución Española de 1978 se estructura en:

. a) Un Preámbulo, 169 artículos, 11 Títulos, 4 Disposiciones adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

. b) Un Preámbulo, 169 artículos, 10 Títulos, 4 Disposiciones adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

. c) Un Preámbulo, 169 artículos, 11 Títulos, 9 Disposiciones adicionales, 4 Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

4. Además de la lengua oficial del Estado español, ¿son también oficiales las otras lenguas españolas?

. a) Sí son oficiales, pero en todo caso tendrán la consideración de dialectos.

. b) Sí, en todo el territorio español.

. c) Sí, en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

5. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es:

. a) Un patrimonio cultural.

. b) Un bien cultural.

. c) Un patrimonio social basado en los valores lingüísticos de la hispanidad.

6. La Constitución Española, de acuerdo con su artículo 2, se fundamenta en:

. a) La autonomía de la Nación española en el marco de la descentralización territorial.

. b) La imprescindible unidad de la Nación española y el desarrollo normativo de las entidades locales y autonómicas que lo conforman.

. c) La indisoluble unidad de la Nación española.

7. La Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía:

. a) De las regiones históricas que la integran.

. b) De las Comunidades Autónomas que la integran.

. c) De las nacionalidades y regiones que la integran.

8. De acuerdo con el artículo 6, ¿qué debe ser democrático en un partido político?

. a) Su funcionamiento en la conformación de listas para la participación política.

. b) Su estructura interna.

. c) Su funcionamiento y estructura interna.

9. Según la Constitución Española, ¿quiénes concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para la participación política?

. a) Los ciudadanos.

. b) Los poderes públicos.

. c) Los partidos políticos.

10. Según el preámbulo de la Constitución española, la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclam

. a) Un orden civil y político justo.

. b) Un orden cultural y económico justo.

. c) Un orden económico y social justo.

11. Según el preámbulo de la Constitución española, la Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclam

. a) Parlamentaria.

. b) Política.

. c) Popular.

12. Según la Constitución Española, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a:

. a) La autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

. b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración grave del orden público, con peligro para personas o bienes.

. c) El Gobierno, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

13. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por:

. a) El contenido del fallo condenatorio.

. b) El sentido de la pena.

. c) Ambas respuestas son correctas.

14. ¿Quién inspeccionará y homologará el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes?

. a) Los Jueces y Tribunales conforme al marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

. b) Los poderes públicos.

. c) Las universidades conforme al principio de autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

15. Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Española de 1978, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de r

. a) Comunicar o recibir libremente información veraz.

. b) Sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

. c) Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra.

16. En el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, ¿podrá ser suspendido algún derecho cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?

. a) No, sólo podrían limitarse algunos derechos, y en todo caso durante estado de alarma.

. b) Sólo el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

. c) Tanto el derecho a la libertad como el derecho a la seguridad.

17. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 2º (Título I) de la Constitución:

. a) No es aplicable, en cuanto en tanto no cabe dicho recurso, y sí ante el Tribunal Supremo para la defensa de los derechos individuales de la persona.

. b) Se aplicará también a la objeción de conciencia.

. c) Se aplicará también al derecho de la educación pública.

18. ¿Qué carácter tiene el estado español a tenor del contenido del artículo 16 de la Constitución española de 1978?

. a) Estado laico.

. b) Estado católico y libre elección democrática.

. c) Estado aconfesional.

19. El proyecto de reforma de la Constitución Española de 1978 ordinario regulado en su artículo 167 requiere:

. a) La aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y ratificación por referéndum si así lo solicitan, en el plazo de 15 días, 2/3 de los miembros de cualquiera de las Cortes Generales

. b) La aprobación por mayoría de tres quintos del Congreso y por dos tercios en el Senado si no hubiese acuerdo en la primera votación, y referéndum de ratificación posterior en el plazo de 15 días desde su aprobación.

. c) La aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, y de obtenerlo, la ratificación por referéndum si así lo solicitan, en el plazo de 15 días, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

20. ¿En cuál de los siguientes casos se aplica el procedimiento reformista de la Constitución Española, en su artículo 168?

. a) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.

. b) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Título VIII y Título X.

. c) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección segunda del Título I, o al Título II.

21. ¿En qué artículo se regulan los derechos que pueden ser suspendidos declarado el estado de alarma?

. a) 18.1.

. b) 18.4.

. c) Ambas respuestas son falsas.

22. ¿Cuál de los siguientes artículos contienen los derechos que podrá suspenderse declarado el estado de sitio?:

. a) Artículos 17, 18, apartados 2 y 4, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2.

. b) Artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2.

. c) Artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, b) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2.

23. Si se violentase el contenido del artículo 45 de nuestra Carta Magna ¿Qué tipo de recuso podría presentar un particular interesado?:

. a) Recurso de amparo.

. b) La a es correcta, y además también cabría recurso de inconstitucionalidad.

. c) Ninguno de los anteriores.

24. El Tribunal Constitucional aparece regulado en la Constitución Española, concretamente en:

. a) El Título X.

. b) El Título IX (Artículos 159 a 165).

. c) El Título IX (Artículos 159 a 166).

25. Según el artículo 159 de la Constitución española:

. a) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad mercantil.

. b) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

. c) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con la afiliación y el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

26. El artículo 161 de la Constitución Española establece que el Tribunal Constitucional es competente para conocer:

. a) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 55, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

. b) Del recurso de reposición contra resoluciones adoptadas por el Consejo de Ministros.

. c) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley.

27. Según el artículo 164 de la Constitución Española:

. a) Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a las partes del caso concreto en que se sustancien.

. b) Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.

. c) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere.

28. El Tribunal Constitucional se compone de:

. a) Un Pleno compuesto por 12 miembros; dos secciones de 6 miembros cada una y 4 salas de 3 miembros cada una.

. b) Un Pleno compuesto por 12 miembros, más su Presidente; dos secciones de 6 miembros cada una y 4 salas de 3 miembros cada una.

. c) Un Pleno compuesto por 12 miembros; dos salas de 6 miembros cada una y 4 secciones de 3 miembros cada una.

29. Estarán legitimados para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local:

. a) Un número de municipios que supongan al menos un sexto de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo un séptimo de la población oficial del ámbito territorial correspondiente.

. b) Un número de comarcas que supongan al menos la mitad de las existentes en el ámbito territorial de aplicación de la disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial.

. c) La provincia que sea destinataria única de la ley.

30. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

. a) Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los Proyectos de Estatutos de Autonomía únicamente.

. b) El plazo para la interposición del recurso será de tres meses desde la publicación del texto aprobado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».

. c) El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de ley del texto impugnado en la vía previa.

31. El artículo 56 de la Constitución Española de 1978 establece que:

. a) La persona del Rey es inviolable y está sujeta a responsabilidad.

. b) El Rey ejerce las funciones que le atribuye únicamente la Constitución.

. c) El Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.

32. La tutela legítima, regulada en el artículo 60 de la Constitución Española:

. a) Se refiere a que será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto.

. b) Se refiere a que será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos.

. c) Será provista por las Cortes Generales.

33. Según el artículo 61 de la Constitución Española de 1978:

. a) El Rey, al ser proclamado ante el Congreso de los Diputados, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

. b) El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad prestará el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

. c) El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos.

34. Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey:

. a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

. b) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que podrá autorizar indultos generales.

. c) Declarar la guerra y hacer la paz.

35. Según el artículo 63 de la Constitución Española de 1978:

. a) Corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas.

. b) El Rey, previa autorización de las Cortes Generales, acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos.

. c) Los representantes extranjeros en España están acreditados ante el Rey.

36. Según el artículo 57 de la Constitución, las abdicaciones y renuncias se resolverán por una:

. a) Ley.

. b) Ley orgánica.

. c) Real Decreto.

37. La Ley mediante la cual S.M. Don Juan Carlos I abdicó la Corona de España es la:

. a) La Ley Orgánica 2/2014, de 28 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

. b) La Ley 2/2014, de 28 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

. c) La Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

38. Según el artículo 57 de la Constitución Española de 1978:

. a) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

. b) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regularde primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos.

. c) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

39. Según la Constitución Española de 1978, la detención preventiva no podrá durar más:

. a) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá sr puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

. b) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá sr puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

. c) Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas, el detenido deberá sr puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

40. Las disposiciones del Gobierno de la Nación que contengan legislación delegada, recibirán el título de:

. a) Decreto-ley.

. b) Decreto Legislativo.

. c) Ley.

41. ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno de su gestión política?

. a) Ante el pueblo español.

. b) Ante las Cortes Generales.

. c) Ante el Congreso de los Diputados.

42. ¿Qué artículo de la Constitución recoge las funciones del Gobierno?

. a) El artículo 97.

. b) El artículo 98.

. c) El artículo 99

43. ¿Cuándo cesa el Gobierno según lo dispuesto en la Constitución?

. a) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión.

. b) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

. c) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o fallecimiento de su Presidente.

44. Según el artículo 102 de la Constitución española:

. a) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

. b) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

. c) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales.

45. El artículo 103.1 de la Constitución establece que:

. a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

. b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

. c) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, delegación, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

46. Los requisitos para ser miembro del Gobierno, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 50/1997 del Gobierno, son:

. a) Para ser miembro del Gobierno el único requisito es ser mayor de edad y no estar condenado por sentencia firme.

. b) Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

. c) Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, haber sido elegido diputado, no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme y reunir el resto de los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 50/1997 del Gobierno:

. a) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.

. b) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico exclusivamente del Presidente del Gobierno. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.

. c) Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes y de los Ministros. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella.

48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Española y el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, coordinar la Administraci&oacu

. a) El Delegado del Gobierno.

. b) El Subdelegado del Gobierno.

. c) El Ministro de Hacienda y Función Pública.

49. Son órganos directivos de la Administración Central, de acuerdo con el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

. a) Los Secretarios de Estado.

. b) Los Subdirectores Generales.

. c) Los Ministros.

50. Conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, los Subdelegados del Gobierno en las provincias tienen nivel orgánico de:

. a) Director General.

. b) Subsecretario.

. c) Subdirector General.

51. Según dispone el artículo 55.3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son órganos superiores de la Administración General del Estado:

. a) Los Subsecretarios.

. b) Los Secretarios de Estado y Secretarios Generales con rango de Subsecretarios.

. c) Los Secretarios de Estado.

52. La denominación, número y ámbito de competencia de los ministerios se establece en:

. a) La Ley 50/1997 del Gobierno y la Ley de Presupuestos Generales de Estado.

. b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

. c) Un Real Decreto del Presidente del Gobierno.

53. No tendrá la consideración de órgano directivo de un Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.3 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

. a) El Secretario de Estado.

. b) El Director General.

. c) El Secretario General Técnico.

54. Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.4 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno son nombrados y separados:

. a) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.

. b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.

. c) Por Real Decreto de Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

55. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 40/ 2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es competencia de los Subdelegados:

. a) Dirigir los servicios integrados de la Administración del Estado.

. b) Coordinar los servicios no integrados.

. c) Supervisar los servicios no integrados y dirigir los integrados.

56. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las unidades administrativas:

. a) Tienen en todo caso efectos jurídicos frente a terceros.

. b) Se establecen mediante relaciones de puestos de trabajo.

. c) Los puestos de trabajo de las unidades se vinculan orgánicamente por razón de sus contenidos.

57. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con la jerarquía de los órganos ministeriales, dispone que:

. a) Los Secretarios Generales tienen la categoría de Secretario.

. b) Los Directores Generales están jerárquicamente por encima del Secretario General Técnico

. c) Los Directores Generales y los Secretarios Generales Técnicos tienen la misma categoría.

58. Las competencias de un Secretario General deben determinarse por:

. a) Orden ministerial.

. b) Ley.

. c) Las normas que regulan la estructura del Ministerio.

59. La representación ordinaria de los Ministerios y la dirección de los servicios comunes de los mismos se atribuye a los:

. a) Ministros.

. b) Secretarios de Estado.

. c) Subsecretarios.

60. De conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de estos no son principios que deban respetar en su actuación:

. a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

. b) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

. c) Impulso y urgencia sobre el resto de expedientes en cuestiones de Estado.

61. En relación a las instrucciones y órdenes de servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público:

. a) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

. b) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio sí afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, incluyendo la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

. c) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de las disposiciones generales dictadas por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

62. ¿Cómo se nombra al Fiscal General del Estado?

. a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

. b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo General Judicial, oído el Consejo de Estado.

. c) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

63. ¿A quién se reconoce autonomía en la Constitución española?

. a) A las entidades locales y comunidades autónomas que conforman el modelo de estado

. b) A las comunidades autónomas históricas

. c) A las regiones y a las nacionalidades

64. ¿En qué año se establecieron las provincias como división territorial del Estado y a quién se le atribuye?

. a) 1833 y fue obra de Javier de Burgos

. b) 1733 y fue obra de Javier de Burgos

. c) 1933 y fue obra de Manuel de Burgos

65. Los pactos autonómicos fueron un conjunto de acuerdos políticos, posteriores a la aprobación de la Constitución española de 1978 que contribuyeron a la construcción del Estado de las autonomías. ¿

. a) Los primero Acuerdos Autonómicos se firmaron 31 de junio de 1981, mientras que los segundos Pactos se firman el 28 de febrero de 1992.

. b) Los primero Acuerdos Autonómicos se firmaron 31 de julio de 1981, mientras que los segundos Pactos se firman el 28 de febrero de 1992.

. c) Los primero Acuerdos Autonómicos se firmaron 31 de julio de 1981, mientras que los segundos Pactos se firman el 29 de febrero de 1992.

66. Según establece el artículo 137 de la Constitución Española:

. a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en diputaciones, gobiernos insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de independencia para la gestión de sus respectivos intereses.

. b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en diputaciones, gobiernos insulares y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

. c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

67. Según recoge el artículo 140 de la Constitución Española:

. a) La Constitución garantiza la capacidad administrativa de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica limitada por su dependencia a las Comunidades Autónomas. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

. b) La Constitución garantiza la independencia de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales, así como su dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma.

. c) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales.

68. En relación a las competencias que las Comunidades Autónomas podrán asumir en virtud del artículo 148, indique cuál de las siguientes no es correcta:

. a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

. b) Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

. c) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

69. ¿De cuáles de los siguientes recursos, de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Española, puede disponer una Comunidad Autónoma?

. a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de crédito.

. b) Impuestos propios, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de crédito.

. c) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado y el producto de las operaciones de débito.

70. ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía especial, no hubieran plebiscitado estatutos en el pasado?

. a) 2/3 partes.

. b) 1/3 parte.

. c) 3/4 partes.

71. ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía especial, sí hubieran plebiscitado estatutos en el pasado?

. a) 2/3 partes.

. b) 1/3 parte.

. c) Ningún porcentaje.

72. ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las Comunidades que accedieron por la vía común, no tuvieran régimen provisional de autonomía?

. a) 2/3 partes.

. b) 1/3 parte.

. c) 2/4 partes.

73. Además del contenido mínimo ordinario, ¿cuál de los siguientes debe incluir en su estatuto una Comunidad Autónoma de vía especial?

. a) Un Tribunal Superior de Justicia.

. b) Un Defensor autonómico.

. c) Un órgano de fiscalizador de cuentas.

74. ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan las provincias?

. a) Propia.

. b) Plena.

. c) Organizativa.

75. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

. a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.

. b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.

. c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

76. ¿Cuál de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art. 2 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local?

. a) La isla.

. b) El municipio.

. c) Las áreas metropolitanas.

77. ¿Cuál de las siguientes potestades no puede ser ejercida por los Ayuntamientos?

. a) La potestad reglamentaria.

. b) La potestad sancionadora.

. c) La potestad legislativa.

78. En caso de que ningún candidato a la Alcaldía obtenga el número de votos necesario para ser proclamado como tal ¿quién será elegido?

. a) El candidato que obtenga mayoría simple en segunda votación.

. b) El candidato que encabece la lista más votada.

. c) El candidato de mayor edad.

79. En caso de empate ¿cómo se resuelve la provisión de la Alcaldía?

. a) Por mayoría de edad.

. b) Por mayor número de legislaturas gobernando.

. c) Por sorteo.

80. Según establece el artículo 5 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la atribución de competencias a los municipios que hagan las leyes sectoriales, se ajustará a los siguientes principios, adem&aac

. a) Principios de: Garantía de la autonomía municipal, máxima proximidad, equidad para el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales básicos y suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.

. b) Principios de: Garantía de la autonomía municipal, máxima cercanía local, igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos y suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.

. c) Principios de Garantía: de la autonomía municipal, máxima proximidad, igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos y suficiencia financiera y estabilidad presupuestaria.

81. De conformidad con el artículo 17 de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, cuáles de los siguientes son instrumentos de participación ciudadana en los Ayuntamientos de Canarias:

. a) La participación orgánica en asociaciones vecinales inscritas en el registro municipal de entidades ciudadanas, que tendrán derecho al uso de medios públicos que la corporación ponga a su disposición.

. b) El ejercicio del derecho de iniciativa popular, que se ajustará a los requisitos y trámites que prevea, en su caso, la ley de iniciativa popular de la Comunidad Autónoma canaria y, en su defecto, a lo que disponga la legislación general de régimen local.

. c) Ambas respuestas son correctas.

82. ¿Es posible crear áreas metropolitanas en la Comunidad Autónoma de Canarias?

. a) Sí, el artículo 65 de la Ley 7/2015 de municipios de Canarias indica que se hará mediante ley del Parlamento de Canarias, podrán constituirse Áreas metropolitanas integradas por municipios limítrofes que constituyan grandes aglomeraciones de población y que tengan entre sí influencia recíproca. El procedimiento previo requiere iniciativa conjunta de los municipios que quieran crear el área, informe del Cabildo insular correspondiente y sometimiento a información pública.

. b) Sí, el artículo 65 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares indica que se hará mediante ley del Parlamento de Canarias, podrán constituirse Áreas metropolitanas integradas por municipios limítrofes que constituyan grandes aglomeraciones de población y que tengan entre sí influencia recíproca. El procedimiento previo requiere iniciativa conjunta de los municipios que quieran crear el área, informe del Cabildo insular correspondiente y sometimiento a información pública.

. c) No, la creación de áreas metropolitanas es una competencia exclusiva estatal de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

83. El órgano de participación y colaboración permanente cuyas competencias, entre otras, son la emisión de propuestas, informes, dictámenes y pareceres acerca de los criterios previstos para la efectividad de la coordin

. a) Comité Municipal de Canarias.

. b) Federación Municipal de Canarias.

. c) Consejo Municipal de Canarias.

84. ¿En qué artículo de la Constitución se hace mención a las circunstancias del hecho insular en relación a la organización del estado?

. a) En el artículo 138.1.

. b) En el artículo 141.1.

. c) En el artículo 139.1.

85. ¿En qué artículo de la Constitución se establece que las islas tendrán una forma de administración propia en forma de Cabildos o Consejos?

. a) En el artículo 140.

. b) En el artículo 141.4.

. c) En el artículo 138.1.

86. Según establece el artículo 10 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares:

. a) Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 20.000 habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

. b) Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 10.000 habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

. c) Los cabildos insulares, para garantizar el ejercicio de las competencias municipales, prestarán asistencia a los municipios de su respectiva isla, especialmente a los de menos de 30.000 habitantes, y con atención preferente a los municipios con insuficiente capacidad económica y de gestión, así como al establecimiento y adecuada prestación de los servicios mínimos.

87. De conformidad con el artículo 18 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, señale la opción verdadera:

. a) En tanto que instituciones de la comunidad autónoma, cada cabildo insular puede ejercer la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta iniciativa se ejercerá en cualquier materia sobre la que pueda pronunciarse legislativamente la Comunidad Autónoma de Canarias, con excepción de las que afecten a los derechos fundamentales.

. b) En tanto que instituciones de la comunidad autónoma, cada cabildo insular puede ejercer la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta iniciativa se ejercerá en cualquier materia sobre la que pueda pronunciarse legislativamente la Comunidad Autónoma de Canarias, con excepción de las de naturaleza presupuestaria.

. c) En tanto que instituciones de la comunidad autónoma con carácter local, cada cabildo insular puede ejercer exclusivamente la iniciativa reglamentaria ante el Gobierno de Canarias de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta iniciativa se ejercerá en cualquier materia sobre la que pueda pronunciarse legislativamente la Comunidad Autónoma de Canarias, con excepción de las de naturaleza presupuestaria.

88. En relación con los Cabildos Insulares, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

. a) Los Cabildos Insulares constituyen órganos de gobierno, representación y administración de cada isla y gozarán de autonomía en la gestión de sus intereses y el ejercicio de sus competencias propias, de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes.

. b) Los Cabildos Insulares como instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, carecen de competencias propias, ejerciendo aquéllas que les son delegadas por el Estado o la Comunidad Autónoma en directa colaboración con el Delegado del Gobierno.

. c) Por su naturaleza de institución de la Comunidad Autónoma, los Cabildos Insulares necesitan de la previa autorización del Parlamento de Canarias para la aprobación de ordenanzas y reglamentos.

89. Indique cuál de las siguientes funciones no corresponde al Consejo de Colaboración Insular las funciones que le atribuye la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares:

. a) La aprobación del acuerdo en el que se fijen las competencias que se transfieren a los Cabildos Insulares, las que siguen correspondiendo a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las que deban compartir la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares.

. b) Ejercer el control de legalidad de los actos dictados por los Cabildos Insulares y los municipios de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2015 de municipios de Canarias.

. c) El informe de las normas que regulen el contenido y tramitación de la memoria justificativa del costo de funcionamiento y del rendimiento y eficacia de los servicios transferidos, así como la liquidación de sus presupuestos, que deben remitir los Cabildos Insulares al Parlamento y al Gobierno de Canarias antes del 30 de junio de cada año.

90. La moción de censura y la cuestión de confianza, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, tras la reforma operada por la Ley 8/2019, de 9 de abril, se regirán por:

. a) Lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General

. b) Lo establecido en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.

. c) Lo establecido en la Ley 1/2022 de Elecciones al Parlamento de Canarias.

91. Serán órganos de gobierno necesarios de los Cabildos Insulares, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares los siguientes:

. a) Pleno, Presidente/a, Consejo de Gobierno Insular.

. b) Pleno, Presidente/a, Vicepresidente/a, Consejo de Gobierno Insular.

. c) Pleno, Presidente/a, Consejo de Gobierno Insular y Consejeros/as por razón de materia.

92. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, ostentará la más alta representación de Canarias:

. a) El Rey como Jefe de Estado.

. b) El Presidente de la Comunidad.

. c) El Presidente de Parlamento

93. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿qué significa el principio de prevalencia, en materia de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma?

. a) Que el derecho propio de Canarias es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro.

. b) Que el derecho del Estado es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro.

. c) Que el derecho del Estado no se aplica en Canarias.

94. El principio de territorialidad, según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias se refiere a que:

. a) El ejercicio de las competencias del Estado desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera de su territorio.

. b) El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera de su territorio.

. c) El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera de su territorio, salvo la materia sobre ordenación territorial.

95. El Presidente del Gobierno de Canarias tendrá el tratamiento de:

. a) Ilustrísima.

. b) Señoría.

. c) Excelencia.

96. Según se desprende del artículo 58 del Estatuto de Autonomía de Canarias, señale la afirmación incorrecta sobre lo que deberá dictaminar el Consejo Consultivo de Canarias su adecuación a la Constituci&o

. a) Iniciativas legislativas.

. b) Proyectos de decretos legislativos.

. c) Actos administrativos dictados por el Presidente de Canarias.

97. El Presidente del Gobierno de Canarias puede plantear ante el Parlamento la cuestión de confianza sobre su programa. La confianza se entenderá otorgada cuando el Presidente obtenga:

. a) La mayoría cualificada de 2/3.

. b) La mayoría cualificada de 3/5.

. c) La mayoría simple.

98. Según dispone la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias:

. a) Corresponde a la presidenta o presidente de Canarias, como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias, promulgar, en nombre del rey o la reina, las Leyes del Parlamento de Canarias y demás normas con fuerza de ley, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado.

. b) Corresponde a la presidenta o presidente de Canarias, como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias, promulgar, en nombre del Consejo de Gobierno, las Leyes del Parlamento de Canarias y demás normas con fuerza de ley, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado.

. c) Corresponde al Rey promulgar, en nombre la presidenta o presidente de Canarias, como representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma de Canarias, las Leyes del Parlamento de Canarias y demás normas con fuerza de ley, así como ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y en el Boletín Oficial del Estado.

99. Según dispone la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias:

. a) Los Consejeros son nombrados y separados por el Consejo de Gobierno de Canarias e inician su mandato en el momento de su toma de posesión ante aquél.

. b) Los Consejeros son nombrados por el Consejo de Gobierno de Canarias y separados por el Presidente del Gobierno de Canarias e inician su mandato en el momento de su toma de posesión ante aquél.

. c) El nombramiento de las consejeras o consejeros se publicará en el «Boletín Oficial de Canarias», iniciando sus funciones en el momento de la toma de posesión, que deberá producirse dentro de los cinco días naturales siguientes a la publicación del nombramiento, fuera del supuesto previsto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía.

100. Respecto al funcionamiento del Consejo de Gobierno de Canarias, según dispone la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

. a) Para su constitución y para la válida adopción de acuerdos, es necesario que estén presentes el Presidente y la totalidad de los miembros del Gobierno.

. b) Para la validez de la constitución del Consejo de Gobierno y de sus deliberaciones, así como para la adopción de decisiones, será necesaria la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los que estará el presidente o presidenta o quien le supla.

. c) Para su constitución y para la válida adopción de acuerdos, es necesario que estén presentes el Presidente o quién le sustituya, y al menos la mayoría absoluta cualificada de los miembros del Gobierno.

101. El ejercicio de la potestad reglamentaria en el Gobierno de Canarias se ajustará a la siguiente jerarquía:

. a) 1. Decretos del Gobierno referidos a los Presupuestos Generales, 2. Resto de Decretos del Gobierno, 3. Decretos del Presidente, 4. Orden Interdepartamental, 5. Orden Departamental.

. b) 1. Decreto del Presidente, 2. Decretos del Gobierno, 3. Orden Interdepartamental, 4. Orden departamental.

. c) 1. Decretos del Gobierno, 2. Decretos del Presidente, 3. Orden Interdepartamental, 4. Orden Departamental.

102. El ejercicio de la potestad reglamentaria del Vicepresidente y de los titulares de las Consejerías, se ejercerá en forma de:

. a) Resoluciones.

. b) Decretos.

. c) Órdenes.

103. De conformidad con la Disposición adicional segunda, apartado 1 de la Ley 4/1997, de 6 de junio, sobre sedes de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se atribuye la competenc

. a) Al Gobierno.

. b) Al Presidente/a del Gobierno de Canarias.

. c) Al Consejero/a competente en Administraciones Públicas.

104. A las personas titulares de las Consejerías, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, les corresponderán:

. a) Desempeñar la Jefatura Superior de Personal.

. b) Nombrar y cesar a los titulares de puestos de trabajo de libre designación.

. c) Ambas respuestas son verdaderas.

105. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia presupuestaria no son funciones de las secretarías generales técnicas:

. a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Departamento integrando las propuestas de los demás órganos.

. b) Coordinar la elaboración de los presupuestos de los organismos autónomos, así como los presupuestos de explotación y capital y los programas de actuación, inversiones y financiación de las empresas públicas y participadas dependientes funcionalmente del Departamento.

. c) Autorizar, disponer y efectuar las modificaciones presupuestarias.

106. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, las personas titulares de las Direcciones Generales:

. a) Salvo lo establecido en norma legal, las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves.

. b) En ningún caso, las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves.

. c) Las direcciones generales tienen competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones calificadas como leves, salvo que una norma legal les autorice para resolver las graves y muy graves.

107. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias:

. a) Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre empleados públicos, en los términos que precise la correspondiente relación de puestos de trabajo, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública regulados por la Ley de la función pública canaria.

. b) Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre funcionarios de carrera o interinos, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública regulados por la Ley de la función pública canaria.

. c) Las jefaturas de servicio, sección y negociado son cubiertas de entre funcionarios de carrera, en los términos que precise la correspondiente relación de puestos de trabajo, mediante los procedimientos de concurso de méritos o libre designación con convocatoria pública regulados por la Ley de la función pública canaria.

108. Según el Decreto 212/1991 de organización de los departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación a los Jefes/as de Servicio, les corresponderá:

. a) Instruir y formular la propuesta de resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos y resolver los procedimientos reglados que consistan en la simple confrontación de hechos o en la aplicación automática de normas.

. b) Notificar las resoluciones administrativas y expedir certificaciones de los expedientes que tramiten o cuyos antecedentes custodien.

. c) Ambas respuestas son verdaderas.

109. Según lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma:

. a) Se ejercen de forma íntegra, la potestad de dirección política, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado y los Cabildos.

. b) Se ejercen de forma íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en todo caso.

. c) Se ejercen de forma íntegra, la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de la concurrencia de otros títulos competenciales del Estado.

110. Según lo dispuesto en el artículo 97 del Estatuto de Autonomía de Canarias respecto de las competencias ejecutivas de la Comunidad Autónoma:

. a) Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios.

. b) Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de ejecución de su propia administración y de las entidades locales, así como las potestades de inspección y de sanción y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad reglamentaria, que comprende la aprobación de reglamentos internos de organización de los servicios.

. c) Corresponden a la Comunidad Autónoma, en todo caso, la potestad de organización de su propia administración, así como las potestades de exacción, presupuestos y expropiación y, en general, todas aquellas funciones y actividades que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública. Además, la potestad legislativa limitada.

111. Según el Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 114.1:

. a) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución.

. b) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.11.ª y 13.ª de la Constitución.

. c) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia ejecutiva en materia de planificación y promoción de la actividad económica en Canarias, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 149.1.29.ª y 20.ª de la Constitución.

112. Según el artículo 121 del Estatuto de Autonomía de Canarias la competencia en materia de consumo:

. a) Se considera exclusiva para la Comunidad Autónoma de Canarias.

. b) Se considera de desarrollo legislativo para la Comunidad Autónoma de Canarias.

. c) Se considera ejecutiva para la Comunidad Autónoma de Canarias.

113. En materia de universidades, el artículo 134 del Estatuto de Autonomía de Canarias dispone que:

. a) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo legislativo en materia de enseñanza universitaria.

. b) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la libertad de cátedra, la competencia de ejecución en materia de enseñanza universitaria.

. c) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando la autonomía universitaria, la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza universitaria.

114. El artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que (señale la correcta):

. a) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución.

. b) En todo caso la competencia no incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos.

. c) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.3 de la Constitución.

115. La modulación de la normativa estatal por razón de la condición ultraperiférica de Canarias que predica el artículo 101 del Estatuto de Autonomía viene referido a:

. a) Que la normativa que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea.

. b) Que la normativa que dicte Canarias en el ejercicio de sus competencias, sean exclusivas o compartidas, tendrá en cuenta las líneas dispuestas por la Constitución española y la legislación básica estatal al ser un territorio ultraperiférico.

. c) Que la normativa exclusiva que dicte el Estado en el ejercicio de sus competencias tendrá en cuenta las singularidades derivadas del carácter ultraperiférico de Canarias reconocidas por la Unión Europea y los tratados internacionales.

116. La norma que regula en la actualidad el Estatuto de Autonomía de Canarias es:

. a) Ley Orgánica 1/2018.

. b) Ley Orgánica 10/1982.

. c) Ley 4/1996.

117. ¿En qué Título del Estatuto de Autonomía de Canarias se encuentran reguladas las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias?

. a) En el Título II.

. b) En el Título III.

. c) En el Título V.

118. El artículo 137.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que:

. a) Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre el patrimonio cultural, sin perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución.

. b) En todo caso la competencia incluye la regulación del régimen jurídico de los bienes, actividades y demás manifestaciones que lo integran por sus valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, científicos o técnicos.

. c) Ambas respuestas son ciertas.

119. De conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuál de las que se señalan a continuación es una clase de competencia:

. a) Ejecutivas.

. b) Independientes.

. c) Transversales.

120. Las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra: potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva, se denomina:

. a) Totales.

. b) Integradoras.

. c) Exclusivas.

121. ¿La Comunidad Autónoma de Canarias puede ejercer actividades de inspección y sanción en materias de una competencia estatal, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias?

. a) Sí, si existe convenio o acuerdo con el Estado.

. b) Nunca podrá ejercerlas.

. c) Siempre, dentro del territorio autonómico.

122. Las competencias para establecer la organización y el régimen de funcionamiento de su Administración, le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias de forma íntegra:

. a) Desarrollo reglamentario.

. b) Función ejecutiva.

. c) Exclusiva.

123. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva en materia de:

. a) Ordenación de la actividad económica en Canarias.

. b) Registro Civil.

. c) Asociaciones.

124. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, siguiendo lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias:

. a) En su condición de región atlántica, la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de colaboración con el Estado, en materia de política democrática con África y países de América con vinculaciones históricas con Canarias.

. b) En su condición de región ultraperiférica, La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de cooperación y colaboración con el Estado, en materia de comercio exterior con África y países de América con vinculaciones históricas con Canarias.

. c) En su condición de región ultraperiférica, La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de fórmulas de cooperación y colaboración con el Estado, en materia de comercio exterior con los países de la Unión Europea y América.

125. ¿Qué tipo de competencia le corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de la ordenación del sector pesquero?

. a) Desarrollo legislativo y ejecución.

. b) Ejecutiva.

. c) Prioritaria.

126. La competencia de la Comunidad Autónoma en materia de políticas de género viene regulada en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo:

. a) 146.

. b) 144.

. c) 145.

127. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la legislación básica del Estado, ostenta, en materia de empleo y relaciones laborales, la competencia:

. a) Desarrollo legislativo y ejecución.

. b) Ejecutiva.

. c) Prioritaria.

128. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta, en materia de servicios sociales, la competencia:

. a) Delegada.

. b) Exclusiva.

. c) Prioritaria.

129. La competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias, será ejercida por:

. a) El Ministerio competente.

. b) La Delegación del Gobierno en Canarias.

. c) La Comunidad Autónoma de Canarias.

130. ¿Cuántos miembros componen la UE actualmente?

. a) 26 países, tras la salida de Reino Unido.

. b) 27 países, tras la salida de Reino Unido.

. c) 28 países, tras la salida de Reino Unido.

131. Señale la respuesta correcta en relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

. a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (creado en 1988).

. b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Estrasburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (creado en 1988).

. c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea actualmente está integrado por tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Función Pública y el Tribunal General (creado en 1987).

132. Señala la respuesta incorrecta en relación a los recursos que conoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

. a) Recurso de incumplimiento, que se interpone casi siempre por la Comisión o por otro Estado miembro y va dirigido a controlar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las obligaciones impuestas por el Derecho de la UE. Antes de someter el asunto ante el Tribunal de Justicia tiene lugar un procedimiento previo dirigido por la Comisión, por el que se requiere al Estado miembro afectado para que responda a las imputaciones que se le hayan hecho. Si tras este procedimiento el Estado miembro no ha puesto fin al incumplimiento, puede interponerse un recurso ante el Tribunal de Justicia por vulneración del Derecho de la Unión.

. b) Recurso de omisión. Ante la falta de acción de las Instituciones mediante este recurso se requiere a las Instituciones comunitarias la adopción de medidas para poner fin a la omisión. La competencia para conocer de los recursos por omisión se reparte entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General conforme a los mismos criterios que se aplican para los recursos de anulación.

. c) Recurso de prelación. Se interpone exclusivamente por parte de los particulares para hacer valer la prelación de los reglamentos en virtud del principio de primacía del derecho comunitario y para que las directivas puedan ser transpuestas en tiempo y forma por los parlamentos nacionales. Asimismo, este recurso puede ser interpuesto por los órganos consultivos, tales como el Consejo Consultivo y el Comité de las Regiones.

133. ¿Cuántas sesiones plenarias como mínimo celebra el Parlamento Europeo?

. a) Una al año.

. b) Una al mes.

. c) Una a la semana.

134. La duración del mandato del Defensor del Pueblo Europeo es de:

. a) 2 años.

. b) 3 años.

. c) 5 años.

135. ¿Qué institución de la Unión Europea elabora el anteproyecto de presupuestos?

. a) El Defensor del Pueblo europeo.

. b) El Consejo europeo.

. c) La Comisión europea.

136. El Comité de Representantes Permanentes (Coreper) está integrado por:

. a) Los embajadores (representantes permanentes) de los Estados miembros ante la Unión Europea.

. b) Los Ministros de Exteriores de los Estados miembros.

. c) Los Vicepresidentes de los Estados miembros.

137. ¿Cuántos jueces componen el Tribunal de Justicia Europeo actualmente?

. a) 15.

. b) 27.

. c) 28.

138. ¿Cada cuánto tiempo se renuevan parcialmente los jueces del Tribunal de Justicia Europeo?

. a) Cada seis años.

. b) Cada tres años.

. c) Cada cuatro años.

139. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a los Reglamentos comunitarios?

. a) Los Reglamentos comunitarios se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.

. b) Los Reglamentos comunitarios gozan de primacía sobre cualquier norma de Derecho Nacional, excepto las de rango constitucional.

. c) Los reglamentos comunitarios son fuente inmediata de derechos y obligaciones para los Estados miembros de la Unión Europea.

140. ¿De cuántos escaños se compone actualmente el Parlamento Europeo?

. a) 750, desde la salida de Reino Unido.

. b) 751, desde la salida de Reino Unido.

. c) 705, desde la salida de Reino Unido.

141. La Presidencia del Consejo de la Unión Europea se ejerce por cada Estado miembro durante un período de:

. a) Un año.

. b) Seis meses.

. c) Dieciocho meses.

142. El Presidente del Consejo Europeo es elegido por:

. a) El Consejo Europeo, por mayoría cualificada.

. b) El Parlamento Europeo, por mayoría cualificada.

. c) El Consejo, por unanimidad.

143. En relación a la sede del Parlamento Europeo, señale la correcta.

. a) Su sede principal está en Bruselas, sin perjuicio de las delegaciones existentes en cada uno de los Estados Miembros. En el caso de España, su sede está en Barcelona.

. b) Estrasburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo, en el que tienen lugar doce sesiones plenarias al año, mientras que en Bruselas se celebran las sesiones complementarias y las comisiones. La Secretaría General del Parlamento Europeo por su parte tiene su sede en Luxemburgo.

. c) Luxemburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo, en el que tienen lugar doce sesiones plenarias al año, mientras que en Bruselas se celebran las sesiones complementarias y las comisiones. La Secretaría General del Parlamento Europeo por su parte tiene su sede en Estrasburgo.

144. Según dispone el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, tendrán la consideración de instituciones de la Unión Europea:

. a) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Banco Central Europeo, y El Tribunal de Cuentas. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.

. b) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea y El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas y el Tribunal de Cuentas como órgano externo auxiliar de consulta.

. c) Las instituciones de la Unión son: El Parlamento Europeo, El Consejo Europeo, El Consejo, La Comisión Europea, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, El Consejo Fiscal Económico Europeo y El Tribunal de Cuentas. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas.

145. La moción de censura de la Comisión Europea ha de ser aprobada por mayoría de:

. a) Un tercio de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.

. b) Dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo

. c) Tres quintos de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo.

146. ¿Quién elegirá al Defensor del Pueblo Europeo?

. a) El Parlamento Europeo.

. b) La Comisión.

. c) El Consejo.

147. ¿Cuál es la norma que introdujo las últimas modificaciones en el mercado laboral con el objetivo de reducir la precariedad y la temporalidad en el empleo, y que se ha conocido como reforma laboral?

. a) Real Decreto-ley 30/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

. b) Real Decreto-ley 31/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

. c) Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

148. Con la última reforma laboral, el Real Decreto-ley 32/2021, ha introducido una cotización adicional para determinado tipo de contratos ¿para cuáles?

. a) Los contratos de obra o servicio.

. b) Los contratos temporales y los de relevo.

. c) Los contratos de duración determinada inferior a 30 días.

149. En relación a la duración de los contratos de trabajo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

. a) En principio, todo contrato de trabajo es indefinido y a jornada completa, salvo que en el propio contrato se establezca lo contrario.

. b) El contrato de trabajo de duración determinada solo puede celebrarse para sustituir a una persona trabajadora.

. c) Los contratos temporales no podrán tener una duración superior a los doce meses.

150. De acuerdo con lo establecido en al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, los contratos de trabajo, en función de su duración, se clasifican en:

. a) Contratos de duración indeterminada y fijos.

. b) Contratos por tiempo indefinidos y de duración determinada.

. c) Contratos indefinidos por sentencia y temporales.

151. De acuerdo con el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ¿cuál de las siguientes materias no se considera una modificación sustancial de un contrato de trabajo?

. a) Jornada de trabajo.

. b) Régimen de trabajo a turnos.

. c) Realización de horas extras.

152. Según lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores, la movilidad funcional de un trabajador en la empresa se realizará de acuerdo con las titulaciones académicas o profesionales y con:

. a) Respeto a la dignidad del trabajador.

. b) El buen rendimiento en el trabajo.

. c) Las necesidades de promoción del trabajador.

153. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto de la excedencia forzosa de los trabajadores que regula el Estatuto de los Trabajadores:

. a) Se concederá por la designación o elección de un cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo.

. b) Dará derecho a la conservación del puesto de trabajo, pero no al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad.

. c) El reingreso de la situación de excedencia deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

154. Según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, se entiende por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas,o organizativas o de producción, cuando en un pe

. a) Cincuenta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

. b) Veinte por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

. c) Diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

155. De acuerdo con lo regulado en el artículo 12.2 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo a tiempo parcial podrás celebrarse:

. a) Por tiempo indefinido.

. b) Por duración indeterminada.

. c) Por meses alternos.

156. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el trabajo en común a un grupo de trabajadores no es correcta:

. a) El empresario conservará, respecto de cada uno de los trabajadores, individualmente sus derechos y deberes.

. b) Si el trabajador conforme a lo pactado, asociase a su trabajo un auxiliar o ayudante, el empresario del trabajador no lo será del auxiliar.

. c) Si se celebrase el contrato con un grupo de trabajadores considerados en su totalidad, el empresario no tendrá frente a cada uno de sus miembros los derechos y deberes que como tal le competen.

157. De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, el contrato formativo tiene por objeto:

. a) La formación del trabajador en un oficio para la posterior incorporación al mercado de trabajo.

. b) La formación en alternancia con el trabajo no retribuido.

. c) La formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena.

158. La persona contratada bajo la modalidad del contrato formativo contará con:

. a) Una persona tutora designada por el centro o entidad de formación, únicamente.

. b) Una persona tutora designada por la empresa, únicamente.

. c) Una persona tutora designada por el centro o entidad de formación y otra designada por la empresa.

159. El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios:

. a) Deberá concertarse dentro de los cinco años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, diez años si se concierta con una persona con discapacidad.

. b) Deberá concertarse dentro de los tres años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, cinco años si se concierta con una persona con discapacidad.

. c) Deberá concertarse dentro de los dos años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, cuatro años si se concierta con una persona con discapacidad.

160. Si al término del contrato formativo el trabajador continuase en la empresa, ¿podrá concertarse un nuevo periodo de prueba?

. a) No.

. b) Sí.

. c) Solo cuando se trate de una empresa de inserción social.

161. A los efectos de los contratos de trabajo a tiempo parcial, se entiende por trabajador a tiempo completo comparable:

. a) A un trabajador a tiempo completo con el mismo Convenio Colectivo de aplicación, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo parecido.

. b) A un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar.

. c) A un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, aunque tenga otro tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo asimilable.

162. El contrato de relevo podrá celebrarse con:

. a) Un trabajador que se encuentre en situación de desempleo.

. b) Un trabajador con un contrato de duración determina con alguna otra empresa del sector.

. c) Un trabajador en mejora de empleo.

163. ¿Existe en la normativa laboral española la modalidad de trabajo a distancia?

. a) No está contemplada dicha modalidad.

. b) Sí, está regulada y desarrollada en el propio Estatuto de los Trabajadores.

. c) Sí, está regulada en la Ley 10/2021, de 9 de julio.

164. Cuando un trabajador haya sido objeto de una movilidad funcional, tendrá derecho a:

. a) A las retribuciones correspondientes a las funciones que realice, aunque sean funciones inferiores.

. b) A las retribuciones correspondientes a las funciones que realice.

. c) A las retribuciones correspondientes a las funciones que realice, transcurridos tres meses del comienzo de su desempeño.

165. La decisión de traslado de un trabajador a otro centro de trabajo de la misma empresa con cambio de residencia, deberá ser notificada al trabajador y a sus representantes legales, con una antelación mínima de:

. a) Treinta días a la fecha de su efectividad.

. b) Quince días a la fecha de su efectividad.

. c) Una semana a la fecha de su efectividad.

166. La suspensión del contrato de trabajo:

. a) Exonera al trabajador de la obligación de trabajar.

. b) Obliga al empresario a remunerar al trabajador.

. c) Obliga al cierre legal de la empresa.

167. De acuerdo con lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores pueden tener derecho a las excedencias:

. a) Obligada y convenida.

. b) Temporal y definitiva.

. c) Voluntaria y forzosa.

168. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia para atender el cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, cuya duració

. a) 7 años.

. b) 5 años.

. c) 3 años.

169. El trabajador en excedencia voluntaria que desee reingresar:

. a) No tiene derecho a solicitar el reingreso.

. b) Conserva el derecho preferente en vacantes de igual o similar categoría.

. c) Tiene el derecho a reingresar en la empresa cuando haya transcurrido el periodo de excedencia.

170. ¿Podrá una empresa reducir la jornada de trabajo de los trabajadores o suspender los contratos de trabajo?

. a) Sí, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

. b) No se puede reducir.

. c) Se puede reducir sin causa por voluntad empresarial.

171. Producida la extinción de la incapacidad temporal con declaración de incapacidad permanente en los grados de total para la profesión habitual, absoluta para todo tipo detrabajo o gran invalidez, cuando a juicio del órgano

. a) Seis meses.

. b) 1 año.

. c) 2 años.

172. A los efectos de lo regulado en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, con motivo del apartado introducido por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, el término madre biológica incluye a:

. a) Exclusivamente a las personas nacidas mujeres.

. b) A las personas trans gestantes.

. c) A las personas binarias.

173. Dispone el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales que los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores podrán ser usados con fines discriminatorios o en perjuicio del trabajador:

. a) Sólo en caso de enfermedades contagiosas.

. b) Si, siempre que se notifique al trabajador afectado.

. c) No, en ningún caso.

174. El incumplimiento de los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales:

. a) Dará lugar a su despido inmediato de la empresa o perdida de la condición de funcionario público.

. b) No lleva aparejada ninguna consecuencia si no se produce muerte del trabajador

. c) Tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, según la normativa de Régimen Disciplinario de los Funcionarios Públicos o del Personal Estatutario al servicio de las Administraciones Públicas.

175. “El conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asistiendo y asesorando para ello al empresario,

. a) Comité de seguridad y Salud.

. b) Delegados de Prevención.

. c) Servicio de Prevención.

176. El artículo 26 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales recoge medidas de protección adicionales para:

. a) Las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto.

. b) El personal con edad superior a los 62 años, para aquellos trabajos que puedan generar un riesgo en su salud.

. c) El personal que trabaja con animales peligrosos.

177. Según la Ley 31/0995 de prevención de riesgos laborales, la función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a:

. a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

. b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

. c) Servicios de Medicina Preventiva.

178. Los delegados de prevención serán:

. a) Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico básico en prevención de riesgos laborales.

. b) Designados por y entre los representantes de los trabajadores.

. c) Son designados por la autoridad sindical estatal.

179. De acuerdo a lo indicado en la Ley 31/1995, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo constituye:

. a) Daño en el trabajo.

. b) Riesgo Laboral.

. c) Condición a soportar de la relación laboral.

180. De acuerdo con la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario podrá:

. a) Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad

. b) Constituir un servicio de prevención propio

. c) Las opciones anteriores están previstas en la Ley 31/1995.

181. Según el art. 35 de la Ley 35/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de Prevención serán designados de manera que:

. a) De 100 a 500 trabajadores le corresponden 3 delegados.

. b) De 501 a 1000 trabajadores le corresponden 4 delegados.

. c) De 2000 a 3000 trabajadores le corresponden 6 delegados.

182. De acuerdo con el art. 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, tendrán el deber de:

. a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

. b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos imprevisibles, l máquinas, aparatos, herramientas y en general cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

. c) Informar de inmediato a la autoridad laboral, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

183. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para constituir un Comité de Seguridad y Salud ¿qué número mínimo de trabajadores debe tener la empresa?

. a) 30.

. b) 40.

. c) 50.

184. ¿Qué norma regula la inspección de trabajo?

. a) Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

. b) Ley 8/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

. c) Ley 20/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

185. ¿En qué norma están reguladas las infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales?

. a) En la normativa de riesgos laborales, esto es, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

. b) Desde el año 2000 en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

. c) En la Ley General de la Seguridad Social.

186. En virtud de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

. a) La designación de Delegado de Prevención podrá recaer en aquellos funcionarios y funcionarias de carrera que preste sus servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.

. b) El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados, por cada Departamento, Administración de Justicia, Área de Salud o Centro Educativo o el Servicio Canario de Empleo, se ajustará a la escala establecida en la normativa vigente,designándose un delegado más, por cada cien trabajadores a partir de los 1000 empleadas y empleados.

. c) Los Delegados de Prevención serán designados y distribuidos por las organizaciones sindicales, de forma proporcional a la representatividad que cada una de éstas ostente en los órganos de representación del personal funcionario, estatutario y laboral del sector respectivo.

187. ¿En virtud de lo dispuesto en el Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autó

. a) Los titulares de los Órganos de los que dependen los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

. b) Los Delegados de prevención elegidos democráticamente.

. c) Las Secretarías Generales Técnicas.

188. De conformidad con el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, con las adaptaciones correspondientes para la Administración previstas en el Decreto 168/2009, de adaptación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el

. a) La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Inspección General de Servicios, y al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos.

. b) La intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias, al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos.

. c) La Dirección General de Trabajo a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral, como órgano técnico en materia preventiva de la Comunidad Autónoma, en colaboración con la Intervención General Delegada de dicha Consejería, y al Servicio Canario de la Salud para la auditoría del sistema en lo referente a la vigilancia de la salud de los empleados públicos.

189. Considerando que el Título XV del Código Penal está dedicado a los delitos contra los derechos de los trabajadores, y dado que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho de los trabajadores y, por ello, un deber de cuidado

. a) Dentro de este título, los artículos esenciales que protegen específicamente el derecho de seguridad y salud en el trabajo son los números 319, 320 y 321.

. b) Dentro de este título, los artículos esenciales que protegen específicamente el derecho de seguridad y salud en el trabajo son los números 316, 317 y 318.

. c) Dentro de este título, los artículos esenciales que protegen específicamente el derecho de seguridad y salud en el trabajo son los números 317 y 318.

190. En relación a las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral, señale la opción correcta:

. a) El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

. b) El incumplimiento por los sindicatos de clase de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en empresas de más de 3 trabajadores dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

. c) El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades sociales, así como, en su caso, a responsabilidades civiles y mercantiles.

191. Señale la opción incorrecta en relación con la política fiscal del Gobierno de la nación:

. a) Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Jefe del Estado.

. b) La Ley de Presupuestos puede crear tributos, así como modificarlos cuando una ley así lo prevea.

. c) Todas las anteriores son correctas.

192. El artículo 135 de la Constitución prevé que una ley orgánica desarrollará los principios de dicho artículo en materia de política fiscal y financiera. Señale la opción correcta:

. a) Dicha norma fue desarrollada, es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que regula, entre otras cosas, la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse, la metodología para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

. b) Dicha norma fue desarrollada, es la Ley Orgánica 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que regula, entre otras cosas, la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse, la metodología para el cálculo del déficit estructural y la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

. c) Dicha norma ha sido desarrollada recientemente, es la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

193. De conformidad con el artículo 26 de la Ley 47/2003, de 6 de noviembre, General Presupuestaria donde se recogen los principios y reglas de programación presupuestaria, indique por cuál de los siguientes principios se regirá

. a) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

. b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

. c) Por todos los anteriores y además por los principios de responsabilidad y lealtad institucional.

194. Atendiendo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria indique ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

. a) Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.

. b) La gestión del sector público estatal está sometida al régimen de presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.

. c) Los Presupuestos Generales del Estado tendrán una sección donde se recogen la suma total de los presupuestos autonómicos, además de los Cabildos Insulares Canarios, los Consejos Insulares Baleares y Ceuta y Melilla.

195. De conformidad con la Ley 47/2003 General Presupuestaria, los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la acción de gobierno debe respetar en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupues

. a) A los tres ejercicios siguientes.

. b) A los dos ejercicios siguientes.

. c) A los cuatro ejercicios siguientes.

196. La estructura de los estados de gasto de los Presupuestos Generales del Estado se encuentra regulada en el artículo 40 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria. Según dicho artículo, ¿qué gastos se distinguirá

. a) Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

. b) Los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes.

. c) Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios y las transferencias corrientes.

197. La estructura de los estados de ingresos se encuentra regulada en el artículo 41 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria. Según dicho artículo, los estados de ingresos se estructurarán:

. a) Siguiendo la clasificación orgánica.

. b) Siguiendo la clasificación económica.

. c) Siguiendo las clasificaciones orgánica y económica.

198. Atendiendo a lo estipulado en el artículo 41 de la Ley General Presupuestaria, que regula la estructura de los estados de ingresos, indique la respuesta correcta.

. a) La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.

. b) En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

. c) Ambas opciones son correctas.

199. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública Canaria, a los efectos de dicha ley, el sector público se divide entre:

. a) Sector público con presupuesto limitativo y sector público con presupuesto estimativo.

. b) Sector público financiero autonómico y financiero insular.

. c) Sector público con presupuesto público y sector público con presupuesto privado.

200. De acuerdo con los artículos 8 y 10 de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública Canaria, señale la opción correcta:

. a) Los derechos de la Hacienda Pública se clasifican en derechos de naturaleza pública y de naturaleza público-privada limitada.

. b) Son derechos de naturaleza pública los tributos y demás derechos de contenido económico cuya titularidad corresponda a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y a entes del sector público, cuya actividad esté sujeta al derecho público, que deriven del ejercicio de potestades administrativas.

. c) Se podrán enajenar y gravar, pero no arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública fuera de los casos regulados por las leyes.

201. En relación con la remisión del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias al Parlamento de Canarias, señale la opción correcta:

. a) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, será remitido al Parlamento de Canarias antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.

. b) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez fiscalizado por la Audiencia de Cuentas, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, será remitido al Parlamento de Canarias antes del día 1 de noviembre del año anterior al que se refiera.

. c) El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, será remitido al Parlamento de Canarias antes del día 1 de diciembre del año anterior al que se refiera.

202. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 11/2006 de Hacienda Pública Canaria, podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los l&i

. a) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 80 por 100, en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 por 100. A estos efectos, se tomará como crédito inicial el existente a nivel de sección y capítulo.

. b) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100, en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. A estos efectos, se tomará como crédito inicial el existente a nivel de sección y capítulo.

. c) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100, en el segundo ejercicio, el 60 por 100, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 por 100. A estos efectos, se tomará como crédito inicial el existente a nivel de sección y capítulo.

203. De conformidad con el artículo 60 de la Ley 11/2006 de Hacienda de Canarias, indique cuál de estas competencias de autorización no corresponde al Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en m

. a) Autorización de los créditos extraordinarios o suplementarios de los organismos autónomos en los supuestos establecidos en el artículo 58.3 de esta Ley.

. b) Autorización de las modificaciones que afecten a la sección “diversas consejerías”.

. c) Autorización de incorporaciones y generaciones de crédito.

204. ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía de Canarias regula las asignaciones complementarias para compensar los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica y el déficit en la prestación

. a) El artículo 177.

. b) El artículo 167.

. c) El artículo 157.

205. De conformidad con el artículo 185 del Estatuto de Autonomía de Canarias, señale la opción correcta en relación a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma:

. a) Corresponde al Parlamento de Canarias la aprobación y fiscalización de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como examinar el uso eficiente de las consignaciones de los presupuestos de las islas destinados a financiar competencias delegadas a las mismas, velando para que se cumpla al respecto el principio de suficiencia financiera.

. b) Los Presupuestos, que tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, incluirán la totalidad de las previsiones de ingresos y la autorización de gastos corrientes y de inversión.

. c) Ambas respuestas son correctas.

206. ¿Qué ley regula los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2023?

. a) LEY 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2022.

. b) LEY 6/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 31 de diciembre de 2022.

. c) LEY 1/2023, de 1 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 1 de enero de 2023.

207. Señale la opción correcta en relación al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

. a) La Comunidad Autónoma de Canarias goza de un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.

. b) Dicho régimen no incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea y actualmente incorporado en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

. c) En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ámbito de la imposición indirecta solo se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido, pero no algunos Impuestos Especiales, como el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco

208. ¿Qué artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) recogen el régimen de región ultraperiférica (RUP) otorgado a Canarias?

. a) Principalmente el artículo 349 del TFUE, pero también el 355 hacen mención a las RUP, así como el artículo 107 al indicar que son compatibles las ayudas de Estado con las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de su situación estructural, económica y social.

. b) Están reguladas en el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, pero no en el TFUE.

. c) Principalmente el artículo 300 del TFUE, y desarrollado en sendas Directivas.

209. De acuerdo con el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación al Régimen Económico y Fiscal tendrá las siguientes facultades:

. a) Facultades normativas y ejecutivas sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa autonómica de aplicación.

. b) Facultades exclusivamente ejecutivas sobre su régimen especial económico y fiscal, en los términos de la normativa europea.

. c) Facultades normativas y ejecutivas sobre su régimen especial económico y fiscal en los términos de la normativa estatal.

210. Respecto de la modificación del Régimen Económico y Fiscal previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, señale la opción correcta:

. a) El régimen económico y fiscal no puede ser modificado, salvo modificación previa del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que requerirá activar la maquinaria normativa de la ratificación de Tratados Internacionales.

. b) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. Si este informe fuera desfavorable se inicia procedimiento conforme al artículo 167.2 del Estatuto de Autonomía.

. c) El régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Constitución, previo informe del Parlamento Canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros y la mayoría absoluta de los Cabildos Insulares.

211. ¿Cuáles son las principales normas con carácter de ley reguladoras del Régimen Económico y Fiscal de Canarias?

. a) Actualmente, las principales normas son la Ley 19/1994, de 6 de julio,de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias., modificada por el RD-Ley 31/2021 y la Ley 10/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

. b) Actualmente, las principales normas son la Ley 9/1994, de 6 de julio,de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias., modificada por el RD-Ley 31/2021 y la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

. c) Actualmente, las principales normas son la Ley 19/1994, de 6 de julio,de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias., modificada por el RD-Ley 31/2021 y la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.

212. En relación a la Zona Especial Canaria (ZEC), el artículo 31 de la Ley 19/1994 señala los requisitos para que las personas jurídicas y sucursales se inscriban en la ZEC. Señale cuál de estos requisitos no es

. a) Que tengan su domicilio social y la sede de dirección efectiva en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.

. b) Que al menos un administrador o, en el caso de las sucursales, un representante legal resida en las islas Canarias.

. c) Realizar inversiones en los dos primeros años desde su inscripción, que se materialicen en la adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangible, en su caso, situados o recibidos en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria, utilizados en el mismo, afectos y necesarios para el desarrollo de las actividades económicas efectuadas por el contribuyente en dicho ámbito geográfico, por un importe de 200.000 euros en todas las islas.

213. En relación al transporte, tanto de mercancías como de viajeros, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 19/1994, ¿qué principios rigen en Canarias?

. a) Los servicios de transporte aéreo marítimo, de personas y mercancías, se regirán por los principios de continuidad territorial en razón a la naturaleza insular y ultraperiférica de Canarias y libertad de transporte.

. b) Los servicios de transporte aéreo marítimo, de personas y mercancías, se regirán por los principios de diversidad intermodal en razón a la naturaleza insular y ultraperiférica de Canarias y libertad de transporte.

. c) Los servicios de transporte aéreo marítimo, de personas y mercancías, se regirán por los principios de continuidad territorial en razón a la naturaleza insular y ultraperiférica de Canarias y de intervencionismo en el transporte.

214. En relación al Impuesto General Indirecto Canario, señale la opción correcta:

. a) El Impuesto General Indirecto Canario es un tributo estatal de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, así como las importaciones de bienes.

. b) El Impuesto General Indirecto Canario es un tributo autonómico de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, así como las importaciones de bienes.

. c) El Impuesto General Indirecto Canario es una tasa autonómica de naturaleza indirecta que grava, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, así como las importaciones de bienes.

215. En relación al Impuesto General Indirecto Canario, ¿cuál es la delimitación de hecho imponible?

. a) Están sujetas al Impuesto por el concepto de entregas de bienes y prestaciones de servicios las efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Asimismo, están sujetas al Impuesto por el concepto de exportaciones de bienes la salida de los mismos en las Islas Canarias, cualquiera que sea el fin a que se destinen o la condición del exportador.

. b) Están sujetas, exclusivamente, al Impuesto por el concepto de entregas de bienes y prestaciones de servicios las efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

. c) Están sujetas al Impuesto por el concepto de entregas de bienes y prestaciones de servicios las efectuadas por empresarios y profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Asimismo, están sujetas al Impuesto por el concepto de importaciones de bienes la entrada de los mismos en las Islas Canarias, cualquiera que sea el fin a que se destinen o la condición del importador.

216. ¿Podrán las personas empresarias o profesionales no establecidas en territorio de aplicación del IGIC solicitar la devolución de las cuotas?

. a) Sí, podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, incluida la carga impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, si cumplen con lo dispuesto en las normas de aplicación en relación a los requisitos y el procedimiento.

. b) Sí, en todo caso, podrán solicitar la devolución de las cuotas del Impuesto General Indirecto Canario que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios, pero no la carga impositiva implícita, realizadas en dicho territorio, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de aplicación.

. c) No, están obligados a tributar en todo caso, y los principios tributarios prohíben la devolución de cuotas.

217. En relación con el Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM), señale la opción correcta:

. a) El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias es un impuesto estatal directo que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

. b) El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias es un impuesto estatal directo que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

. c) El Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias es un impuesto estatal indirecto que contribuye al desarrollo de la producción de bienes en Canarias y que grava en fase única, en la forma y condiciones previstas en esta Ley, la producción de bienes corporales y la importación de bienes de igual naturaleza en este territorio.

218. Uno de los objetos que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. ¿Cuál es la justificación jurídica de esta reserva material?

. a) El Preámbulo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

. b) La Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957.

. c) El artículo 149.1.18 de la Constitución española de 1978.

219. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, ¿a qué se refiere el concepto de validez de un acto administrativo?

. a) La validez de un acto administrativo se refiere a la capacidad de este para generar efectos ante terceros.

. b) La validez de un acto administrativo se refiere exclusivamente a que la notificación del mismo se haya practicado de forma satisfactoria.

. c) La validez de un acto administrativo se refiere a la adecuación a derecho de todos sus elementos.

220. El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, que es objeto de regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿incluye el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones P&u

. a) No, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se regula en el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

. b) Sí, el procedimiento de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas se incluye en el procedimiento administrativo común, aunque la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deriva su regulación al Real decreto 429/ 1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

. c) Sí.

221. ¿Pueden incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre?

. a) Sí, mediante disposición administrativa y de manera motivada.

. b) SI, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento.

. c) Sólo mediante ley cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

222. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:

. a) Podrán dictarse de oficio y a instancia del interesado.

. b) Requieren de su producción por órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

. c) Ambas opciones son correctas.

223. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

. a) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.

. b) La fecha en que se notifiquen, en cualquier caso.

. c) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

224. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse este presente en el momento de entregarse la notificación, y si nadie se hiciera cargo de la misma:

. a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, dando por efectuado el trámite.

. b) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

. c) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez, y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes.

225. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la nulidad o anulabilidad de un acto administrativo:

. a) Va a implicar la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento, en todos los casos que el interesado así lo solicite.

. b) No implicará la nulidad o anulabilidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

. c) Implicará la de los sucesivos en el procedimiento, sean o no independientes del primero, siempre que se trate de actos desfavorables o de gravamen.

226. Según la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán:

. a) Siempre por medios electrónicos.

. b) Siempre en papel.

. c) Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

227. En relación con los actos administrativos nulos, señale la respuesta falsa:

. a) La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan.

. b) La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

. c) Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

228. ¿Cómo deberán practicarse las notificaciones en papel?

. a) No pueden entregarse en el domicilio del interesado.

. b) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

. c) La legislación vigente no permite la práctica de notificaciones en papel en ningún caso.

229. ¿Quiénes de los siguientes sujetos estarán obligados a relacionarse, en todo caso, a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proced

. a) Las personas físicas.

. b) Quienes representen a un interesado, aunque éste no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

. c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

230. Señalar cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto de la validez y eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo:

. a) Se presumen válidos y producirán sus efectos desde la fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa.

. b) Su eficacia puede quedar demorada cuando así lo exija el superior jerárquico.

. c) Ambas respuestas son correctas.

231. La técnica mediante la cual los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste, se denomina:

. a) Conservación de actos y trámites.

. b) Convalidación de actos y trámites.

. c) Conversión de actos viciados.

232. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

. a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

. c) Los que tengan un contenido imposible.

233. Señale la respuesta incorrecta respecto de los actos de las Administraciones Públicas, donde se indica que son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

. a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

. b) Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley o reglamentaria.

. c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

234. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta):

. a) Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

. b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

. c) Que regulen materias reservadas a la Ley.

235. Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos:

. a) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

. b) Todas son correctas.

. c) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.

236. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será:

. a) Como norma general el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, plazo que no podrá exceder de 3 meses.

. b) Una norma con rango de Ley o el derecho de la Unión Europea pueden establecer un plazo no superior a 6 meses.

. c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 3 meses.

237. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, respecto de la suspensión del plazo máximo para resolver del artículo 22 de la presente ley, señale cuál de las siguientes opc

. a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, se podrá suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido.

. b) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, se suspenderá el plazo máximo para resolver desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.

. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, se podrá suspender el plazo máximo para resolver durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

238. Señale la respuesta incorrecta de lo regulado por la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, en relación con la actividad de las Administraciones Públicas, respecto de la estimación y de

. a) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos que una norma de Derecho internacional aplicable en España así lo establezca.

. b) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.

. c) El sentido del silencio será estimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

239. Según ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en relación a los plazos del procedimiento administrativo:

. a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

. b) No cabrá señalar los plazos por días naturales en ningún caso.

. c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.

240. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de las notificaciones en papel:

. a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, deberá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

. b) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

. c) Si el segundo intento también resultara infructuoso, será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

241. Señale la respuesta incorrecta en relación a la nulidad y anulabilidad de los actos administrativos:

. a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

. b) Los actos en los que la administración incurra en desviación de poder en todo caso.

. c) El defecto de forma en todo caso.

242. De los siguientes enunciados indique cuál no es correcto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto los derechos de los interesados:

. a) A conocer en cualquier momento los actos de trámite dictados.

. b) Derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

. c) Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

243. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos, expresos o presuntos:

. a) De gravamen o desfavorables.

. b) Dictados por órganos manifiestamente incompetentes.

. c) Ninguna de las respuestas es correcta.

244. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, si un acto administrativo nulo ha derivado en firme, por no haber sido recurrido en tiempo y forma:

. a) Solamente cabe contra el mismo el recurso administrativo de reposición.

. b) Solamente cabe contra el mismo la revisión de oficio en el plazo de 4 años.

. c) Cabe contra el mismo la revisión de oficio, sin límite de tiempo.

245. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

. a) El acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

. b) A obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica que figuran en la Ley 39/2015.

. c) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de cualquier Administración.

246. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el error en la calificación del recurso administrativo por parte del recurrente:

. a) Impedirá su tramitación en todo caso.

. b) Provocará su subsanación o requerimiento de la Administración.

. c) No será obstáculo para su tramitación si se deduce su verdadero carácter.

247. Una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el recurso de alzada, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

. a) Sólo puede interponerse ante el superior jerárquico del que dictó el acto impugnado.

. b) Si se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, dicho órgano deberá comunicarlo al órgano superior jerárquico a los efectos que procedan.

. c) Puede interponerse ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo.

248. La Ley 39/2105, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, establece que contra la resolución del recurso de reposición:

. a) No podrá interponerse nuevamente dicho recurso.

. b) No podrá ya interponerse recurso contencioso-administrativo.

. c) No cabrá recurso alguno.

249. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de la actividad de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso:

. a) Podrá suponer la suspensión del acto impugnado.

. b) Supondrá la renuncia a la vía jurisdiccional, sin perjuicio de lo que dicte el Consejo Consultivo.

. c) Nunca suspenderá la eficacia del acto impugnado.

250. ¿Puede una Administración Pública impugnar sus propios actos en vía contenciosoadministrativa?

. a) No, porque puede revisar de oficio sus propios actos.

. b) Sí, declarándolos previamente lesivos.

. c) Sí, en cualquier caso.

251. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

. a) Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo.

. b) Salvo que por Ley se disponga otro cómputo.

. c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.

252. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes órganos puede adoptar las medidas provisionales

. a) El órgano administrativo que lo inicie.

. b) El órgano administrativo competente para resolver.

. c) El órgano administrativo que lo instruya.

253. ¿Cuál es el plazo de emisión de un informe establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, salvo que una disposición o el cumplimiento

. a) Treinta días.

. b) Quince días.

. c) Diez días.

254. ¿Cuál de las siguientes formas no es un modo de terminación del procedimiento administrativo común, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones P&uacut

. a) Caducidad.

. b) Allanamiento.

. c) Renuncia.

255. Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, no es correcto:

. a) Los solicitantes podrán acompañar los elementos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del modelo, los cuales podrán no ser admitidos por el órgano al que se dirijan.

. b) Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, éstos serán de uso obligatorio por los interesados.

. c) Las Administraciones Públicas deberán establecer modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes.

256. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ella

. a) La nulidad de pleno derecho.

. b) La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

. c) La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

257. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo puede negarse un ciudadano a presentar documentos ante la Administración actuante?

. a) En ningún caso.

. b) Cuando ya los hubiere aportado anteriormente a la Administración.

. c) Cuando la Administración le solicite un documento original.

258. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo se fija como supletorio de duración máxima de los procedimientos, cuando las normas regul

. a) 3 meses.

. b) 6 meses.

. c) 3 meses, sin que puedan excederse los 6 meses.

259. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de los siguientes actos no requieren ser motivados?

. a) Los que se separen del dictamen no vinculante de órganos consultivos.

. b) Los acuerdos de suspensión de actos, en todo caso.

. c) Los actos que no limiten intereses legítimos.

260. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, para declarar la nulidad de un acto administrativo en el procedimiento de revisión de oficio:

. a) La Administración no necesita ningún requisito.

. b) La Administración necesita el dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

. c) La Administración necesita la previa declaración de lesividad del acto.

261. Si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, iniciado de oficio, en el plazo establecido al efecto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo com&u

. a) Se acordará el archivo de actuaciones.

. b) Se producirá la prescripción.

. c) Se instruirá el procedimiento.

262. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:

. a) No cabrá recurso en vía administrativa.

. b) Caben todos los recursos administrativos, menos el de revisión.

. c) Sólo cabe el llamado recurso administrativo de súplica.

263. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿qué actos de trámite no son susceptibles de recurso de alzada o potestativo de reposición

. a) Los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto.

. b) Los que produzcan indefensión.

. c) Los que pueden alterar la continuidad del procedimiento.

264. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el recurso potestativo de reposición no es correcta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones P&uacut

. a) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

. b) Se interpone contra actos firmes en vía administrativa.

. c) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

265. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo es posible la revocación de oficio de los actos de gravamen o desfavorables?

. a) Cuando no sea contraria al ordenamiento jurídico, al principio de igualdad y al interés público.

. b) Siempre.

. c) Siempre que sea solicitada también por los interesados.

266. Si un acto es impugnado basándose en una causa del art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:

. a) Será declarado nulo automáticamente.

. b) Podrá suspenderse su ejecución.

. c) No podrá suspenderse su ejecución.

267. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, la publicación de los actos administrativos se requiere cuando:

. a) Se separan del dictamen de órganos consultivos.

. b) Limitan derechos subjetivos.

. c) Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios.

268. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo?

. a) El artículo 53.

. b) El artículo 35.

. c) El artículo 55.

269. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresame

. a) Diez días hábiles.

. b) Diez días naturales.

. c) Quince días hábiles.

270. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común, de la actividad de las Administraciones Públicas, una de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los recursos administrativos:

. a) Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

. b) Contra la resolución del recurso de reposición se podrá interponer de nuevo dicho recurso.

. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la condición de finalizadores del procedimiento, no agotan la vía administrativa.

271. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, el derecho de los ciudadanos a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones P&uacut

. a) Bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, de conformidad con el artículo 53.1.

. b) Que deban tramitar los actos que pongan fin a la vía administrativa, de conformidad con el artículo 53.1.

. c) Que deban resolver los recursos administrativos que presenten, de conformidad con el artículo 54.2.

272. Señale la opción correcta con respecto a la función de la jurisdicción contenciosoadministrativa, regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

. a) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 107.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo.

. b) Respetando la tradición y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo.

. c) De forma actualizada y de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución, se le asigna el control de la potestad legislativa y reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo.

273. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación de hecho, el plazo para interponer el recurso será:

. a) De conformidad con el artículo 46.3, si no hubiera requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

. b) De conformidad con el artículo 46.3, si hubiera requerimiento, el plazo será de cinco días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo de diez días siguientes a la presentación de aquel.

. c) De conformidad con el artículo 45.3, si no hubiera requerimiento, el plazo será de diez días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

274. De conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, una vez que el órgano jurisdiccional requiere a la Administración para que le remita el expediente administrativo, &ique

. a) En el plazo de 30 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.

. b) En el plazo prorrogable de 15 día naturales, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general o auxiliar del órgano requerido.

. c) En el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.

275. ¿Cuándo podrán los afectados formular recurso contencioso-administrativo en los supuestos en que la Administración no ejecute sus actos firmes?

. a) Cuando, solicitada su ejecución por los afectados, ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición.

. b) Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la petición de ejecución por los afectados, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no se hubiera llegado a un acuerdo con ellos.

. c) Cuando, solicitada su ejecución por los afectados, ésta no se produce en el plazo de dos meses desde tal petición.

276. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, recibido el expediente administrativo en el juzgado o tribunal, se acordará que se entregue al demandante para que deduzca la demanda

. a) Cinco días.

. b) Veinte días.

. c) Diez días.

277. En los litigios entre Administraciones Públicas, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

. a) No cabe interponer recurso en vía administrativa.

. b) No cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

. c) Sólo cabe el recurso de lesividad.

278. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra los actos administrativos presuntos se computará:

. a) Desde el día siguiente al de la solicitud.

. b) Desde el mismo día de la petición.

. c) Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido.

279. El plazo de proposición y práctica de prueba en el procedimiento contencioso administrativo es de:

. a) Diez días para proponer y veinte para practicar.

. b) Quince días para proponer y veinte para practicar.

. c) Treinta días para practicar.

280. Respecto a la representación y defensa de las partes en sus actuaciones ante los órganos colegiados del orden jurisdiccional administrativo:

. a) Las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogados.

. b) La representación por Procurador es obligatoria y la defensa por Abogado, facultativa.

. c) Necesariamente comparecerán representadas por Procurador.

281. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en el proceso contencioso-administrativo, las alegaciones previas serán formuladas:

. a) En la contestación a la demanda.

. b) En la celebración de la vista.

. c) Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda.

282. Indique cuáles de estas cuestiones o conflictos no corresponden a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

. a) Cuestiones que se susciten en relación con los contratos administrativos.

. b) Cuestiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.

. c) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública.

283. La resolución de los recursos no puede ser objeto de delegación, según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

. a) Nunca.

. b) Siempre.

. c) En los órganos que hayan dictado el acto objeto del recurso.

284. Según la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial prescribe:

. a) A los dos años de que se hubiera producido el hecho o el acto que motive la indemnización de manifestarse su efecto lesivo.

. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestase su efecto lesivo.

. c) A los seis meses de que se hubiera producido el hecho o el acto que motive la indemnización de manifestarse su efecto lesivo.

285. Señale la opción correcta en relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial:

. a) En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

. b) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Tribunal Superior de Justicia que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

. c) Instruidos los procedimientos, e inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

286. En relación a la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial, señale la opción correcta:

. a) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga o no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

. b) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.

. c) La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.

287. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial podrán iniciarse:

. a) Sólo a instancia del interesado afectado.

. b) Sólo de oficio.

. c) De oficio o por reclamación del afectado.

288. La tramitación simplificada del procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá iniciarse:

. a) Solo cuando así lo solicite el afectado.

. b) Una vez iniciado el general, sí el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.

. c) Una vez iniciado el general, cuando así lo solicite el afectado en defensa de su solicitud.

289. Las Administraciones Públicas responderán directamente de los daños y perjuicios causados a terceros por su personal en relaciones de derecho privado:

. a) En ese caso responde el personal funcionario directamente.

. b) La Administración responderá siempre y cuando el funcionario sea insolvente.

. c) Siempre y cuando estos se encuentren bajo su servicio.

290. En relación con el principio de tipicidad recogido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción correcta:

. a) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley o un Reglamento.

. b) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones, sin perjuicio de las infracciones presuntas.

. c) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

291. En relación con el principio de proporcionalidad recogido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique la opción incorrecta:

. a) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

. b) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más perjudicial para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

. c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

292. ¿Qué efectos tiene la concurrencia de sanciones?

. a) Tras la aplicación de la doctrina “Parot”, sí se permite sancionarse hechos penal y administrativamente en España.

. b) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento

. c) No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, aun en los casos en que no se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

293. ¿Qué implica la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio?

. a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá silencio positivo, por ser beneficiario para el interesado.

. b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá silencio negativo.

. c) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

294. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuáles de las siguientes no es una causa válida para la inadmisión a trámite de un recurso administrativo interpuesto?

. a) Ser incompetente el órgano ante el que se recurra, cuando el competente pertenece a la misma Administración Pública.

. b) Carecer de legitimación el recurrente.

. c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

295. Indique cuál de las alternativas propuestas no está contemplada en el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de la resolución de un recurso administrativo:

. a) Deberá estimar el recurso en su totalidad.

. b) Deberá desestimar las pretensiones formuladas.

. c) Deberá declarar su inadmisión.

296. En relación con los convenios administrativos, según dispone la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, señale la opción verdadera:

. a) Son convenios los acuerdos programáticos sin efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

. b) Tendrán consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, aunque no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

. c) Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

297. ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de los convenios administrativos?

. a) En todo caso, cinco años, incluidas sus prórrogas.

. b) En todo caso, cuatro años, incluidas sus prórrogas.

. c) Los convenios no podrán ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Además, antes de la finalización del plazo de cuatro años de vigencia inicial, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

298. ¿Cuál de las siguientes son causas de extinción de un convenio administrativo?

. a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

. b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

. c) Ambas opciones son causas de extinción.

299. ¿Cuál es la norma autonómica que regula los convenios en el ámbito de Canarias?

. a) Ley 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

. b) Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

. c) Decreto 11/2009, de 1 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

300. Según la normativa autonómica que regula la actividad convencional en Canarias, ¿le

. será de aplicación dicha norma a los convenios expropiatorios?

. a) No, son negocios jurídicos excluidos conforme al artículo 5.

. b) Sí, le es de aplicación plenamente.

. c) Sí, pero sólo se les aplica el tiempo de duración.

301. ¿Qué dictamen previo es preceptivo solicitar en caso de los convenios para la gestión y prestación de servicios propios y acuerdos de cooperación que se pretendan suscribir con otras comunidades autónomas?

. a) Dictamen de la Diputación del Común.

. b) Dictamen del Consejo Consultivo.

. c) Dictamen del Defensor del Pueblo.

302. ¿Puede firmarse un convenio administrativo con una persona jurídica privada?

. a) No, en ningún caso, pues sería un contrato del sector público.

. b) Sí, en todo caso, siguiendo los trámites previstos para los Convenios con otras Comunidades Autónomas o entidades internacionales.

. c) Sí, pero la memoria explicativa deberá contener, además de los trámites esenciales, la justificación del interés público, los criterios seguidos para la selección de entidades, indicación de otras posibles alternativas al convenio y su rechazo, y justificar la naturaleza administrativa del convenio y las razones por las que no debe ser considerado como algunos de los negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto.

303. Respecto al Registro General Electrónico de Convenios, ¿en qué sección se deberán registrar los convenios de las comunidades autónomas?

. a) Sección primera.

. b) Sección segunda.

. c) Sección tercera.

304. ¿Quién es el órgano del Gobierno de Canarias encargado del seguimiento de los convenios tras la suscripción?

. a) La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.

. b) La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

. c) La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia.

305. Según regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿cuáles de los siguientes no es un tipo de convenio administrativo que puedan suscribir las Administraciones Públicas?

. a) Interadministrativos.

. b) Intradministrativos.

. c) Extradministrativos.

306. ¿Puede una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público suscribir un contrato administrativo con un sujeto de Derecho privado?

. a) No, en ningún caso.

. b) Sí.

. c) Puede formalizarse sólo con empresas vinculadas a la inserción social.

307. Cuando una Administración Pública suscribe un contrato administrativo con cualquier sujeto de derecho público o privado, ¿qué sucede con la titularidad de la competencia?

. a) Se traspasa temporalmente desde la Administración Pública a la otra parte.

. b) No supone la cesión de la titularidad de la competencia.

. c) Se traspasa la competencia cuando la otra parte es un sujeto de derecho público.

308. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, ¿quiénes pueden celebra

. a) Ministros y Presidentes o Directores de las entidades y organismos públicos.

. b) Ministros respecto de su departamento y los organismos y entidades vinculadas o dependientes.

. c) Secretarios de Estado y Presidentes o Directores de las entidades y organismos públicos.

309. De acuerdo con el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la suscripción de los convenios administrativos deben contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública, cumpliendo con:

. a) La sostenibilidad medioambiental y la igualdad de oportunidades.

. b) La legislación de control del gasto.

. c) La legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

310. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes de un convenio administrativo podrán ser superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio:

. a) No, nunca pueden ser superiores.

. b) Sí pueden ser superiores.

. c) Pueden ser superiores si se incluye una memoria justificándolo.

311. ¿Puede un convenio administrativo instrumentalizarse a través de una subvención?

. a) No, no está permitido por la legislación.

. b) Sí, cumpliendo lo establecido con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y normativa autonómica de desarrollo.

. c) Sí, pero no lo será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

312. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultará eficaces una vez inscritos en el Registro Electr&oacut

. a) En el plazo de 3 días hábiles desde su formalización.

. b) En el plazo de 5 días hábiles desde su formalización.

. c) En el plazo de 10 días hábiles desde su formalización.

313. ¿Cuál es el plazo de que se dispone para remitir al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda, de aquellos convenios administrativos cuyos compromisos e

. a) Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la suscripción.

. b) Dentro de los dos meses siguientes a la suscripción.

. c) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción.

314. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de la siguientes no es una causa de resolución de un convenio administrativo suscrito?

. a) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

. b) La decisión de la Administración Pública que los suscribe por razones de necesidad sobrevenidas.

. c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

315. El ejercicio del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas:

. a) Se realiza por los funcionarios designados por el órgano concedente de las ayudas.

. b) Otorga la competencia para acordar el reintegro de la subvención en los casos previstos en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

. c) Tiene por objeto comprobar que los importes de las subvenciones se han invertido en las finalidades para la que fueron concedidas.

316. Desde la perspectiva administrativa, las subvenciones son:

. a) Una técnica de fomento.

. b) Una técnica de policía.

. c) Una modalidad de gasto público.

317. La ordenación de un régimen jurídico común en la relación subvencional se inspira en el artículo de la Constitución:

. a) 149.1.18.

. b) 149.1.19.

. c) 148.2.

318. Si no se establece, la actividad subvencionada que el beneficiario pueda subcontratar con terceros no excederá del:

. a) 60%.

. b) 50%.

. c) 40%.

319. Se consideran gastos subvencionables a los efectos previstos en la normativa de subvenciones:

. a) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada cualquiera que sea en el plazo en que se efectúe.

. b) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realice en el plazo establecido.

. c) Nada es correcto.

320. ¿Qué norma o normas conforman el régimen jurídico de las subvenciones en Canarias?

. a) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

. b) Exclusivamente el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

. c) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

321. El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del:

. a) Órgano concedente.

. b) A propuesta de la Intervención General.

. c) Órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos mediante informe razonado, así como denuncia.

322. La resolución de reintegro de subvenciones se dictará por el órgano concedente, previa instrucción de procedimiento administrativo con audiencia del interesado por un plazo no inferior a:

. a) Cinco días.

. b) Diez días.

. c) Un mes.

323. No pueden ser entidades colaboradoras de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma:

. a) La Administración General del Estado

. b) Las empresas privadas.

. c) Las sociedades mercantiles públicas de la Administración General del Estado.

324. Se aprobará un plan estratégico de subvenciones para:

. a) El Gobierno.

. b) Cada Departamento.

. c) Cada dirección general.

325. Los planes estratégicos de subvenciones contendrán un período de vigencia de:

. a) Cinco años.

. b) Un año.

. c) Tres años.

326. Las bases reguladoras de la subvención podrán prever una reducción de la información a incorporar en la memoria económica siempre que:

. a) Entre otras condiciones, la cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

. b) Entre otras condiciones, la cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un consejero de cuentas de la Audiencia de Cuentas.

. c) Entre otras condiciones, la cuenta justificativa vaya acompañada de un informe de un funcionario de la Intervención General.

327. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con:

. a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones para ser beneficiario de una subvención, salvo asociaciones.

. b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

. c) Con personas que no estén empadronadas en un municipio de Canarias.

328. En relación con la concesión directa de subvenciones, señale la opción incorrecta.

. a) Nominadas, son las previstas nominativamente en el estado de gastos del presupuesto donde aparecen determinados expresamente su objeto, dotación presupuestaria y beneficiario.

. b) Con carácter excepcional aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

. c) Impuestas por una norma de rango reglamentario.

329. Cuando en las bases reguladoras, o cuando no procedan, en la resolución de concesión, se haya previsto la exigencia de garantías para el abono anticipado o a cuenta, los beneficiarios de subvenciones deberán constituirla m

. a) Depósito en el Tesoro de la Comunidad Autónoma.

. b) Depósito en la cuenta autónoma del departamento que concede la subvención.

. c) No se podrá exigir en ningún caso la exigencia de garantías.

330. De conformidad con las modalidades y formas de justificación de subvención, señale cual de la siguiente respuesta es correcta:

. a) La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones podrá ser: 1) Cuenta justificativa, 2) Acreditación por módulos, 3) Presentación de estados contables.

. b) La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones podrá ser: 1) Cuenta justificativa, 2) Acreditación por pagarés, 3) Presentación de estados contables.

. c) La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones podrá ser: 1) Cuenta justificativa, 2) Acreditación por módulos, 3) Presentación de justificantes de transacciones bancarias.

331. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea

. a) 2.548.000 euros.

. b) 3.548.000 euros.

. c) 5.382.000 euros.

332. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Sector Público, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

. a) El contrato de concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones del contrato de obras, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

. b) El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

. c) El contrato de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de la construcción de algunas de las prestaciones de edificaciones, excluyendo las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

333. En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, se podrá ut

. a) Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 1% del importe de adjudicación del contrato.

. b) Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del precio del contrato.

. c) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional

334. Según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, el órgano de contratación:

. a) Ostenta la representación de las entidades del sector público en materia contractual que serán unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

. b) Ostenta la representación de las entidades del sector público en materia contractual que serán exclusivamente unipersonales, en virtud de norma legal o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.

. c) Le corresponderá supervisar la ejecución de la ley y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. Podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

335. Los empresarios que concurran a las licitaciones agrupados en uniones temporales:

. a) Quedarán obligados solidariamente.

. b) Quedarán obligados subsidiariamente.

. c) Quedarán obligados patrimonialmente.

336. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad, según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público:

. a) No se podrá delegar.

. b) Se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar.

. c) Se podrá delegar si así se establece en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares.

337. En el expediente de Contratación deberá justificarse adecuada y debidamente los siguientes aspectos, según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público (señale la incorrecta):

. a) La elección del procedimiento de licitación y los criterios que se tengan en consideración para adjudicar el contrato.

. b) El valor estimado del contrato.

. c) La decisión de dividir en lotes, puesto que lo normal es no hacerlo.

338. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores será el competente para resolver:

. a) El orden jurisdiccional civil.

. b) El orden jurisdiccional social.

. c) El orden jurisdiccional penal.

339. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los contratos menores son incorrectas:

. a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

. b) La norma indica que en los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.

. c) La norma obliga desde el año 2021 a incluir en los expedientes que “el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo”.

340. ¿Cuáles de éstas no son causas de resolución de los contratos administrativos según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público?

. a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

. b) El mutuo acuerda de las partes, así como la demora en el cumplimiento de plazos por parte del contratista y el incumplimiento de la obligación principal del contrato.

. c) La demora en los plazos, aun justificadas por el contratista, en virtud del principio de máxima eficiencia.

341. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, el órgano de contratación ostentará las siguientes prerro

. a) Interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

. b) Redefinir e interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de urgencia inaplazable, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

. c) Interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, aplazar a meros efectos informativos la posible ejecución del mismo, proponer su resolución y determinar los efectos de esta, si es que hubiera.

342. Según la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, cuál de los siguientes contratos no está completamente excluidos del ámbito de dicha ley:

. a) Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas.

. b) Los contratos de ámbito de la seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad.

. c) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2004/39/CE.

343. En relación con los contratos denominados “menores”, del artículo 118 de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, señale la opción correcta:

. a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 14.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

. b) En los contratos menores la tramitación del expediente no exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación que justifique de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.

. c) En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes.

344. El artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula los contratos de suministro. Conforme a dicho artículo, ¿cuál de los siguientes puede calificarse como tal?

. a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles.

. b) Los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.

. c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

345. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado para determinar que se podrá emplear el procedimiento abierto simplificado abreviado en los contratos de suministro y servicio para los co

. a) Igual o inferior a 60.000 euros.

. b) Igual o inferior a 100.000 euros.

. c) Igual o inferior a 80.000 euros.

346. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado para determinar que se podrá emplear el procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras para los contratos financiados con lo

. a) Igual o inferior a 5.382.000 euros.

. b) Igual o inferior a 3.383.000 euros.

. c) Igual o inferior a 2.000.000 euros.

347. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el plazo mínimo de licitación en los contratos de suministro de bienes corrientes disponibles en el mercado para los contratos financiados con los Fo

. a) 5 días hábiles.

. b) 5 días naturales.

. c) 8 días hábiles.

348. De conformidad con el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en relación a las causas de resolución del contrato de obras, señale la opción verdadera:

. a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo.

. b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a un mes.

. c) La suspensión de las obras por plazo superior a tres meses por parte de la Administración.

349. En relación con la formalización de los contratos administrativos, de conformidad con el artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la opción incorrecta:

. a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

. b) El documento de formalización, por razones de interés público, podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

. c) En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.

350. De conformidad con el artículo 149 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación a las ofertas anormalmente bajas, qué órgano podrá identificar que las ofertas se encuentran i

. a) Exclusivamente la mesa de contratación.

. b) La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación.

. c) El órgano de contratación en todo caso.

351. ¿En qué formas no podrán presentarse las garantías definitivas exigibles en los contratos celebrados con la Administración Pública?

. a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública.

. b) Mediante aval por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

. c) En pagarés con cargo a entidades del sector público institucional.

352. ¿Cuándo puede emplearse el trámite de emergencia según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

. a) Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional.

. b) Cuando resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, y además exista una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público.

. c) Cuando exista una crisis económica que implique una deuda pública superior al 60% y el déficit público supere el 3%, lo que obligaría a tramitar con emergencia los contratos pendientes para insuflar dinero público en la economía.

353. ¿Qué informe es exclusivo y preceptivo incluirlo en el expediente de contratos de servicios?

. a) El informe de coordinación de Presidencia de Gobierno.

. b) El informe de insuficiencia de medios.

. c) El informe de Intervención Delegada.

354. De conformidad con el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuándo podrá utilizarse un procedimiento negociado en contratos de obras, suministros, servicios, concesiones de obra

. a) No se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.

. b) Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

. c) Ambas respuestas son correctas.

355. Señale la respuesta correcta respecto al recurso especial en materia de contratación:

. a) Es siempre potestativo y gratuito.

. b) Solo es posible ante determinados contratos de poderes adjudicadores y Administraciones Públicas.

. c) Ambas opciones son verdaderas.

356. En los contratos de suministro de tracto sucesivo, donde el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y precio unitario, sin que el número de entregas en el objeto del contrato se defina con exactitud, por est

. a) Existirá siempre un presupuesto máximo.

. b) En estos contratos no se prevé un presupuesto máximo, por cuanto no es posible determinar las necesidades en el momento de celebrar el contrato.

. c) Existirá un valor máximo estimado, pero no un presupuesto máximo o presupuesto base de licitación.

357. Respecto de pliegos de cláusulas administrativas, ¿es posible prever causas de resolución, diferentes a las definidas en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público?

. a) Es una facultad del órgano de contratación, siempre que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca.

. b) En ningún caso, al caber solo las legalmente establecidas.

. c) En todo caso, siempre que respeten los límites de la libertad de pactos del apartado 1 del artículo 34 de la Ley de Contratos de Sector Público.

358. En relación con las condiciones de los contratos de las Administraciones Públicas, los órganos de contratación, señale la incorrecta:

. a) En todo caso, será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de al menos una de las condiciones especiales de ejecución de entre las que enumera el artículo 202 de la Ley 9/2017

. b) Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social.

. c) En cualquier caso, debe establecerse obligatoriamente, en el marco de la Agenda 2030, una condición especial de carácter social y otra de carácter medioambiental.

359. En cuanto a las consecuencias derivadas por la demora en la ejecución de un contrato de la Administración Pública, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la inco

. a) Cuando se produzca demora en la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

. b) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias.

. c) Cuando en el caso de contratación menor, se incurriera en demora, estos podrán ser objeto de prórroga con una duración superior al año.

360. ¿Cuál es el tope máximo del importe de una penalidad en un cumplimiento defectuoso de un contrato administrativo, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

. a) No puede superar el 10% del precio del contrato, ni el importe total de las mismas superar el 50% precio del contrato.

. b) No puede superar el 20%, no habiendo topes por el importe de penalidades.

. c) No hay topes y queda a criterio de la Administración, en función de la gravedad del incumplimiento.

361. Con respecto a la supervisión de los proyectos de obras en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?:

. a) Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.

. b) En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.

. c) Ambas respuestas son correctas.

362. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de

. a) Únicamente el conocido como personal estatutario.

. b) Funcionarios de carrera.

. c) Empleados públicos.

363. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos:

. a) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas.

. b) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas.

. c) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.

364. Señala la respuesta incorrecta:

. a) El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local.

. b) Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

. c) Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por toda la legislación de las Comunidades Autónomas.

365. Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:

. a) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

. b) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

. c) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.

366. ¿Cuál es el último de los cuatro requisitos que, de acuerdo con el art. 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú

. a) La toma de posesión.

. b) Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

. c) Superar el periodo de prácticas.

367. No es considerada falta disciplinaria muy grave, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

. a) El abandono del servicio.

. b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

. c) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivos Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función pública.

368. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico del empleado público, por traslado de domicilio sin cambio de residencia, los/as funcionarios/as t

. a) Un día.

. b) 2 días.

. c) 3 días.

369. Considerando que serán funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrer

. a) La existencia de plazas vacantes o no vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.

. b) La sustitución transitoria de los titulares, con un plazo máximo de seis meses.

. c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

370. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 2/1987 de 30 de marzo, de Función Pública Canaria cuál de los siguientes órganos superiores no tiene competencias en materia de personal:

. a) El Gobierno de Canarias

. b) El Consejero competente en materia de Hacienda.

. c) La Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

371. De conformidad con la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública Canaria, a qué órgano le corresponde adscribir un Cuerpo o Escala de funcionarios a un Departamento u Organismo:

. a) A la Dirección General de Función Pública.

. b) A la Secretaría General Técnica.

. c) Al Gobierno de Canarias.

372. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública Canaria, cuál de estas opciones no se considera un contenido mínimo de las Relaciones de Puestos de Trabajo:

. a) Denominación de cada uno de los puestos, especificando, en todo caso, si están reservados a personal funcionario, laboral o eventual.

. b) Los requisitos exigidos para el desempeño y el grupo o subgrupo de clasificación profesional, cuerpo y/o escala, en su caso, al que esté adscrito, y el sistema de provisión del puesto de trabajo.

. c) Las retribuciones básicas del puesto en concreto, contemplando además la posibilidad o no de gratificaciones extraordinarias y la cuantía de acción social.

373. De conformidad con lo regulado en la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de Función Pública Canaria, cuando un funcionario de carrera acceda a la condición de Diputado en el Parlamento de Canarias le corresponderá quedar en la sit

. a) Servicios especiales.

. b) Servicio activo.

. c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

374. Respecto de la pérdida de la relación de servicios regulada en Capítulo II del Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico

. a) Se perderá la condición de funcionario cuando se cese a un puesto de libre designación.

. b) La pérdida de condición de empadronado en una comunidad autónoma donde se obtuvo la plaza.

. c) Se perderá la condición de funcionario con la sanción disciplinaria de separación del servicio tenga carácter firme.

375. Respecto de la provisión de puestos por el procedimiento de libre designación señale la opción correcta al respecto:

. a) Los puestos de trabajo de libre designación son una forma de provisión que tiene carácter provisional.

. b) Deberá convocarse en anunciada en el «Boletín Oficial de Canarias y concediéndose un plazo no inferior a treinta días hábiles para la presentación de solicitudes.

. c) En la Comunidad Autónoma de Canarias, sólo podrán cubrirse por este sistema los puestos de Subdirector General, Director Territorial, Jefes de Servicio o asimilados cuando dependan directamente del titular del Centro Directivo, secretarias de altos cargos y aquellos otros de carácter directivo, o de especial responsabilidad, para los que así se determine en las relaciones de puestos de trabajo.

376. De acuerdo con lo regulado en la Ley de la Función Pública Canaria, ¿cuáles de los siguientes derechos no se configuran como parte del derecho a la carrera administrativa de los funcionarios?

. a) Grado personal.

. b) Promoción interna.

. c) Antigüedad.

377. El grado personal de los funcionarios públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias se consolida por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante:

. a) Dos años continuados o durante tres con interrupción.

. b) Tres años continuados o durante cinco con interrupción.

. c) Dos años continuados o durante cinco con interrupción.

378. De acuerdo con la Ley de la Función Pública Canaria, los funcionarios públicos que adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional, se encontrar&aacut

. a) Servicio activo.

. b) Servicio en otras Administraciones Públicas.

. c) Servicios Especiales.

379. De acuerdo con la Ley de la Función Pública canaria, ¿existe la posibilidad de que un funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias que sea elegido miembro de una Corporación Municipal de la Comunidad Autó

. a) Sí se puede, en cualquier supuesto.

. b) Sí, pero en municipios de hasta 20.000 habitantes, si no percibe retribuciones periódicas por el desempeño de su cargo.

. c) No, la ley no establece dicha posibilidad.

380. Para que se pueda conceder la excedencia voluntaria por interés particular a un funcionario de la Comunidad Autónoma de Canarias, es necesario que:

. a) Haya completado tres años de servicios efectivos desde que accedió al cuerpo o escala o desde el reingreso y en ella deberá permanecer al menos un año.

. b) Haya completado cinco años de servicios efectivos desde que accedió al cuerpo o escala o desde el reingreso y en ella deberá permanecer al menos tres años.

. c) Puede concederse desde que lleve un año de servicio efectivo en el cuerpo o escala correspondiente.

381. El tiempo en que el funcionario permanezca en la situación de excedencia voluntaria por interés particular:

. a) Devengarán las retribuciones básicas y el tiempo se computará a efectos de trienios.

. b) Devengarán únicamente el concepto de pagas extraordinarias y el tiempo se computará a efectos de trienios.

. c) No devengarán retribuciones ni se computará el tiempo a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos.

382. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley de la Función Pública Canaria ¿puede el personal laboral funciones propias del registro y de compulsa de los documentos que se presentes en los registros?

. a) Sí podrán.

. b) Sí, cuando no existan funcionarios acreditados en el registro.

. c) No podrán.

383. Indique la respuesta incorrecta en relación al personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, que podrá:

. a) Formar parte de las mesas de contratación, previa habilitación de la Intervención General.

. b) Desempeñar funciones de colaboración y apoyo en el control y fiscalización interna de las gestión económico-financiera y presupuestaria.

. c) Realizar asesoramiento legal y preceptivo.

384. ¿Cuál es el plazo que establece la Ley de la Función Pública Canaria para que funcionarios procedentes de algunas de las Administraciones Públicas que conforman el sector definido en el artículo 2, apartado 3

. a) Tres años.

. b) Cinco años.

. c) Diez años.

385. Indique cuál de las siguientes respuestas es errónea, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de la Función Pública Canaria en relación a: ¿pueden participar los funcionarios pertenecientes a otras

. a) No pueden.

. b) Pueden participar de acuerdo con los requisitos establecidos en las relaciones de puestos de trabajo.

. c) Pueden participar sólo si pertenecen a un cuerpo o escala idéntico al de la Comunidad Autónoma de Canarias.

386. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, elaborando y aplicando un

. a) 200 o más trabajadores.

. b) 150 o más trabajadores.

. c) 50 o más trabajadores.

387. En cuanto a las medidas específicas para prevenir la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, tras la redacción del artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007,

. a) Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital.

. b) Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

. c) Ambas opciones son verdaderas.

388. En relación con las acciones de discriminación positiva, señale la opción correcta:

. a) Se adoptarán exclusivamente por los poderes públicos, estando vetado para personas físicas y jurídicas privadas.

. b) Se adoptarán para corregir situaciones de igualdad para que las mujeres tengan más poder en el presente.

. c) Tales medidas, que corrigen la desigualdad imperante, serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

389. En relación con el informe de evaluación de impacto de género regulado en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, señale la opción correcta:

. a) Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género a través del informe de evaluación de impacto de género. Dicho informe irá acompañado de indicadores pertinentes, mecanismos y medidas.

. b) Todos los proyectos de ley, que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género a través del informe de evaluaciónde impacto de género. Dicho informe irá acompañado de indicadores pertinentes, mecanismos y medidas. En el caso de disposiciones reglamentarias y planes, será facultativo su emisión y recibirá el nombre de “estrategia simplificada de género”.

. c) Todos los proyectos de ley y disposiciones reglamentarias que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género a través del informe de evaluación de impacto de género. Dicho informe irá acompañado de indicadores pertinentes, mecanismos y medidas. En el caso de disposiciones de los planes, será facultativo su emisión y recibirá el nombre de “estrategia simplificada de género”.

390. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el derecho a la reparación de las víctimas, incorporado por la Ley Org&

. a) La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.

. b) La compensación moral por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, las acciones de reparación simbólica y la disculpa pública en medios de comunicación social.

. c) La compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social y una indemnización adicional para las mujeres con más de cuatro hijos.

391. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, quienes serán los encargados de diseñar protocolos de actuación

. a) El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral.

. b) El Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de igualdad, organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios de igualdad de modo que cuenten con unidades de valoración social integral.

. c) Las comunidades autónomas y los Cabildos que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán en el ámbito que a cada una le es propio los servicios forenses de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral.

392. De acuerdo con la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, corresponde a los Centros de Acogida Inmediata dispensar el alojamiento y la manutención tempo

. a) 15 días, a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse en situación inminente de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger la vida y la integridad física de la víctima y menores acompañantes.

. b) 20 días, a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse en situación inminente de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger la vida y la integridad física de la víctima y menores acompañantes.

. c) 10 días, a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido víctimas de violencia de género o encontrarse en situación inminente de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual a fin de proteger la vida y la integridad física de la víctima y menores acompañantes.

393. ¿Es de aplicación a los partidos políticos el Título I de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno?

. a) Sí, es plenamente aplicable ya que los partidos políticos forman parte de sector público.

. b) No, en ningún caso, ya que los partidos políticos se rigen por la Ley Orgánica de Partidos Políticos del año 2002.

. c) Tal y como dispone el artículo 3 de dicha norma, las disposiciones del capítulo II del Título I serán también aplicables a los partidos políticos, además de a las organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.

394. En el marco de una solicitud de acceso a la información, cuando ésta no atos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del inte

. a) El menor perjuicio a los afectados derivados del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho que tengan la condición de empleados públicos y motiven el acceso para fines de interés público.

. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos.

395. Conforme a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de Canarias, las resoluciones de acceso a la información de los órganos de la Administración pública de la

. a) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el mismo órgano que dictó la resolución.

. b) Preceptivamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

. c) Potestativamente, previamente a la vía contencioso-administrativa, ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

396. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la informació

. a) La seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.

. b) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

. c) Ambas son correctas.

397. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci&oa

. a) Diez días.

. b) Un mes.

. c) Seis meses.

398. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales:

. a) Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

. b) Garantizar los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas.

. c) Garantizar las libertades públicas de las personas físicas.

399. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece los siguientes derechos:

. a) Derecho de consulta, derecho de rectificación y derecho de eliminación.

. b) Derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a la portabilidad, derecho de oposición.

. c) Derecho de acceso, derecho de recuperación y eliminación.

400. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sobre el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con l

. a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

. b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel.

. c) Ambas son correctas.

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