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OposicionesMédica 2018

Inspección Médica 2018

1.- La Constitución española de 1978 reconoce la protección de la salud como:

. a) Un derecho fundamental.
. b) Un derecho constitucional.
. c) Un principio rector de la política social y económica.
. d) Un valor superior del ordenamiento jurídico.
2.- La Constitución española de 1978 recoge en su artículo 103 como principios de actuación de la Administración Pública:

. a) Los de eficacia, jerarquía, descentralización, participación y lealtad institucional, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
. b) Los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
. c) Los de eficacia, economía, eficiencia descentralización, desconcentración y coordinación, así como el sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
. d) Los de eficacia, jerarquía, descentralización, servicio a los ciudadanos y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
3.- En el ejercicio del derecho a la autonomía, la iniciativa del proceso autonómico prevista en el artículo 143 de la Constitución, corresponde:

. a) A las Diputaciones, Cabildos Insulares, y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
. b) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
. c) A las Diputaciones, Cabildos Insulares, y a las tres terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
. d) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
4.- La Constitución española de 1978 reserva al Estado la competencia para:

. a) La aprobación de toda la normativa, la coordinación y la ejecución en materia de sanidad.
. b) Las bases y coordinación general de la sanidad.
. c) La regulación de la organización y tutela de la sanidad pública y la promoción de la educación sanitaria.
. d) Sólo la legislación básica en materia de sanidad.
5.- De acuerdo con la Constitución Española, el Estado podrá delegar en las Comunidades Autónomas:

. a) Todas las facultades y competencias que corresponden al Estado.
. b) Facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación.
. c) Facultades de titularidad estatal que no incidan en la totalidad del territorio del Estado.
. d) Facultades en laS materias expresamente señaladas en el Estatuto de Autonomía respectivo.
6.- Los municipios, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, ejercerán, en todo caso, competencias propias en materia de:

. a) Construcción y mantenimiento de todos los centros públicos de educación infantil y primaria de su término municipal.
. b) Atención a las personas en situación de dependencia
. c) Protección de la salubridad pública.
. d) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del Estado.
7.- La Unión Europea fue creada por:

. a) El Tratado de Lisboa.
. b) El Tratado de Maastricht.
. c) El Tratado de Niza.
. d) El Tratado de Ámsterdam.
8.- Las directivas son directamente aplicables sin trasposición a una norma nacional:

. a) En ningún caso.
. b) Sólo cuando reconocen derechos a los destinatarios.
. c) Cuando se incumpla el plazo de trasposición y sean claras y precisas en cuanto a la obligación, derecho o prohibición señalada como objetivo.
. d) Sólo cuando sean claras y precisas en cuanto a la obligación o prohibición señalada como objetivo.
9.- El Comité de las Regiones de la Unión Europea fue creado por:

. a) El Tratado de Maastricht.
. b) El Tratado de Niza.
. c) El Tratado de Ámsterdam.
. d) El Tratado de de Lisboa.
10.- Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son:

. a) Sólo el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión.
. b) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
. c) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
. d) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.
11.- Entre los cinco objetivos principales a alcanzar con la estrategia Europa 2020 figura:

. a) Reducir el 10% el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de exclusión social.
. b) Alcanzar una tasa de empleo mínima del 75% para la población de entre 20 y 64 años.
. c) Reducir la tasa de abandono escolar a menos del 50%
. d) Aumentar hasta al menos el 80% la tasa de titulados de la enseñanza superior.
12.- La vigilancia del estado de salud de los trabajadores, de acuerdo con las normas de prevención de riesgos laborales:

. d) Puede realizarse sin el consentimiento del trabajador sólo en el caso de que se trate de verificar si su estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo y así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
. b) Se puede realizar sin el consentimiento del trabajador únicamente cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
. a) Exige siempre el consentimiento del trabajador.
. c) Puede realizarse sin el consentimiento del trabajador si se trata de de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, así como cuando lo establezca una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
13.- La realización de la actividad de prevención que corresponde al empresario podrá hacerse mediante concierto con una entidad especializada ajena a la empresa, siempre que:

. a) Esté autorizada por la autoridad laboral.
. b) Sea autorizada por la autoridad sanitaria para realizar las actividades de prevención.
. c) Sea una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social.
. d) Cuente con los medios apropiados para cumplir sus funciones, y así lo haya acreditado ante el empresario que prenden contratarla.
14.- Las Comunidades Autónomas pueden establecer recargos sobre:

. a) Todos los tributos del Estado.
. b) Los tributos del Estado susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas.
. c) Los tributos del Estado susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
. d) Los tributos del Estado y de las Corporaciones Locales.
15.- Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1980 de 22 de septiembre sobre financiación de las Comunidades, la participación de cada Comunidad Autónoma en los ingresos del Estado se articula a través de:

. a) El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
. b) El Fondo de Compensación.
. c) El Fondo de Suficiencia Global.
. d) El Fondo de Compensación y el Fondo Complementario.
16.- Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a la información pública que se refieran a información:

. a) Que contenga datos de carácter personal especialmente protegidos.
. b) Que haya sido elaborada y esté publicada con carácter general.
. c) Que esté en curso de elaboración o de publicación general.
. d) Que no sea relevante para garantizar la transparencia de la actuación pública.
17.- Frente a una resolución de un órgano competente de la Administración autonómica que inadmite una solicitud de acceso a información pública, puede interponerse:

. a) No cabe interponer reclamación ni recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite.
. b) Únicamente recurso contencioso administrativo.
. c) Solo reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
. d) Cabe interponer directamente recurso contencioso administrativo o bien, potestativamente, reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
18.- El derecho de las personas a la protección de sus datos de carácter personal:

. a) Es un derecho fundamental expresamente recogido en la Constitución española de 1978.
. b) No esá recogido explícitamente en la Constitución de 1978, sino que el Tribunal Constitucional lo considera como un derecho fundamental, vinculándolo con el art. 18.4 de dicha Constitución.
. c) Es un derecho fundamental creado y regulado por una ley orgánica.
. d) Todas las respuestas son incorrectas
19.- Los interesados tienen derecho a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan:

. a) Cuando sean tratados conforme al consentimiento expreso prestado, pero estén incompletos.
. b) Cuando su tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
. c) Cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que sean parte.
. d) Cuando los datos hayan sido tratados ilícitamente.
20.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015, todos los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen derecho a:

. a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
. b) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
. c) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.
21.- Los ciudadanos que presenten quejas y reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración autonómica tiene derecho a que el órgano competente:

. a) Adopte las medidas para atender la reclamación.
. b) Le conteste en un plazo de tres meses, tanto si la atiende como si no la toma en consideración.
. c) Le conteste en un plazo de tres meses, entendiendo que es rechazada en caso de falta de contestación.
. d) La valorare y adopte, en todo caso, las medidas necesarias para solucionar la presunta deficiencia del funcionamiento del servicio.
22.- Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

. a) Verbalmente.
. b) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
. c) Por escrito a través de medios electrónicos.
. d) Por escrito a través de medios no electrónicos.
23.- En la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las sedes electrónicas:

. a) Deben crearse en cada departamento de la Administración Pública y en cada uno de sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin excepción.
. b) Deben crearse en cada uno de los órganos superiores de los departamentos de la Administración Pública y en cada uno de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
. c) Deben crearse en cada departamento de la Administración Pública y en cada uno de sus organismos públicos vinculados o dependientes, aunque éstos últimos pueden incorporarse a la sede electrónica del departamento del que dependan.
. d) Sólo deben crearse en cada uno de los departamentos de la Administración Pública.
24.- Sin perjuicio de los demás reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es un derecho de los interesados en el procedimiento:

. a) A ser notificado de la identidad del instructor y del titular del órgano competente para resolver, una vez iniciado el procedimiento de oficio o a instancia de los propios interesados.
. b) A no presentar datos y documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate.
. c) A obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento.
. d) A aportar documentos una vez emitida la propuesta de resolución por el órgano instructor.
25.- La duración máxima del procedimiento administrativo simplificado, desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, es de:

. a) Tres meses.
. b) Dos meses.
. c) 15 días.
. d) Treinta días.
26.- Ponen fin a la vía administrativa, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

. a) Las resoluciones de órganos administrativos cuando así lo establezca únicamente una disposición legal.
. b) Las resoluciones de órganos administrativos susceptibles de recurso de alzada.
. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
. d) Las resoluciones que resuelvan los procedimientos en que se desestimen totalmente las pretensiones de los solicitantes.
27.- En el expediente que se tramite para la celebración de contratos menores deberá justificarse:

. a) Únicamente la necesidad del contrato para el cumplimiento de las funciones atribuidas al órgano de contratación.
. b) Solamente que su importe no supera el valor estimado fijado legalmente para ser contratos menores.
. c) Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen el importe fijado para la consideración como contrato menor.
. d) La carencia de medios del órgano de contratación para realizar la prestación objeto del contrato.
28.- El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, con independencia de su importe, se publicará en todo caso:

. a) En el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
. b) En el perfil de contratante, salvo en el caso de los procedimientos negociados sin publicidad.
. c) En el perfil del contratante y en el Boletín Oficial del Estado.
. d) En el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
29.- En caso de que la Administración se demore en el pago del precio del contrato por un periodo superior a cuatro meses e inferior a seis meses, el contratista tiene derecho a:

. a) Resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que se le hayan originado.
. b) La indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan originado.
. c) Los intereses de demora devengados.
. d) Suspender el cumplimiento del contrato.
.  
30.- No pueden ser, en ningún caso, miembros de las Mesas de Contratación que asisten a los órganos de contratación de las Administraciones Públicas:

. a) El personal funcionario interino, el personal laboral y el personal eventual.
. b) Únicamente, las personas que sean titulares de los órganos superiores de la Administración.
. c) Las personas que tenga atribuidas las funciones de asesoramiento jurídico y control económico- presupuestario del órgano de contratación.
. d) Las personas que desempeñen cargos públicos representativos y el personal eventual.
31.- Las solicitudes de inicio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial sólo pueden presentarse por los interesados:

. a) Si no ha prescrito su derecho a reclamar.
. b) Una vez transcurridos al menos 6 meses desde la producción del hecho o del acto que motive la indemnización.
. c) Si la Administración no ha iniciado un procedimiento de oficio en un plazo de seis meses desde la producción del hecho o del acto que motive la indemnización.
. d) Si han sufrido exclusivamente daños físicos o psíquicos.
32.- Superado el proceso selectivo y publicado el nombramiento en el Boletín Oficial correspondiente, para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera se requiere:

. a) El acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
. b) La toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
. c) El acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico, así como la toma de posesión en el plazo establecido.
. d) Se adquiere la condición desde la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial correspondiente.
33.- Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, se exige la mayoría absoluta del Parlamento de Canarias para aprobar la ley que regule:

. a) La sede de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
. b) La organización y funcionamiento de los Cabildos Insulares.
. c) La composición, atribuciones y el Estatuto de los miembros del Gobierno de Canarias.
. d) Las elecciones al Parlamento de Canarias.
.  
34.- La determinación del número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias es competencia:

. a) Del Parlamento de Canarias.
. b) Del Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno.
. c) Del Presidente del Gobierno.
. d) De una Comisión Delegada del Gobierno, creada a este efecto.
35.- El órgano competente para la incoar y resolver los procedimientos de revisión de oficio de los actos administrativos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias es:

. a) El órgano que haya dictado el acto.
. b) El órgano superior del que dependa el que dictó el acto.
. c) El Consejero o Consejera de la Consejería de la que dependa el órgano que dictó el acto.
. d) El Gobierno de Canarias en todo caso.
36.- Contra los actos dictados en materia de personal por las Secretaría General Técnicas cabe interponer:

. a) Recurso potestativo de reposición.
. b) Recurso de alzada ante el Consejero o Consejera de la Consejería.
. c) No cabe interponer recurso administrativo alguno.
. d) Recurso de alzada ante el Consejero o Consejera de la Consejería, en el caso de que impongan sanciones disciplinarias.
37.-Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, la competencia para determinar la unidad responsable de la información pública de cada Consejer

. a) Consejo o Consejera.
. b) Al Gobierno.
. c) A la Secretaría General Técnica.
. d) A una de las Direcciones Generales de la Consejería.
38.- Las personas titulares de los órganos administrativos superiores de las Consejerías serán suplidas temporalmente en caso de ausencia, vacante o impedimento temporal por:

. a) La que designe el órgano administrativo del que dependan.
. b) La que designe en todo caso el Consejero o Consejera.
. c) La persona que designe el Consejo de Gobierno.
. d) La persona que designe quien debe ser suplida temporalmente.
39.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, supone:

. a) Sólo la ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo.
. b) La ausencia de cualquier discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
. c) Exclusivamente la ausencia de toda discriminación derivada de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil.
. d) La ausencia de toda discriminación indirecta por razón del sexo.
40.- Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar, según

. a) Las estadísticas que permitan conocer las diferencias en los valores, roles, situaciones y condiciones de mujeres y hombres en el ámbito de acción del proyecto o plan.
. b) Un informe sobre su impacto por razón de género.
. c) Un informe sobre su adaptación a los planes y Estrategias de Igualdad de Género aprobados.
. d) Un informe de evaluación de las medidas que contienen para la efectividad del principio de igualdad de mujeres y hombres.
41.- LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo:

. a) Tenga la misma representación, esto es, la mitad.
. b) No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.
. c) No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento.
. d) No sean menos de veinte por ciento.
42.- El órgano al que, conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, corresponde el apoyo técnico y orientación de la planificación de las medidas sanitarias previstas en dicha Ley es:

. a) El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
. b) La Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
. c) La Comisión Interministerial del Sistema Nacional de Salud.
. d) El Consejo contra la Violencia de Género
43.- Los Cabildos Insulares, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias y con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, son:

. a) Son instituciones y órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma.
. b) Son instituciones y órganos de gobierno, administración y representación de la Administración del Estado.
. c) Son instituciones de la Comunidad Autónoma y órganos de gobierno, administración y representación de las islas del archipiélago canario.
. d) Son únicamente instituciones locales en el archipiélago canario.
44.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece que la legislación reguladora de los distintos sectores de actuación pública atribuirá a los cabildos insulares competencias en materia de:

. a) Sanidad y gestión hospitalaria.
. b) Asistencia social y servicios sociales.
. c) Vivienda.
. d) Coordinación de las policías municipales.
45.- Los convenios de colaboración de la Administración autonómica con los Cabildos Insulares deben ser autorizados por:

. a) El Gobierno de Canarias cuando se trate de convenios que tengan por objeto instrumentar subvenciones nominadas.
. b) El Gobierno de Canarias, si implican obligaciones de contenido económico.
. c) El Gobierno de Canarias, si implican obligaciones de contenido económico, salvo que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas.
. d) El Gobierno de Canarias, si no implican obligaciones de contenido económico sin límites
46.- Según establece la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, el órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública de los Ayuntamientos es:

. a) El Pleno.
. b) La Junta de Gobierno Local.
. c) El Alcalde.
. d) El que establezca por cada Ayuntamiento.
.  
47.- Con la finalidad de desarrollar adecuadamente sus funciones, en cada Ayuntamiento los Concejales electos se constituirán en:

. a) Junta de portavoces.
. b) Grupos políticos municipales.
. c) Asamblea de parlamentarios.
. d) Junta de gobierno municipal.
48.- Conforme Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, los Consejos de barrio deberán existir en los municipios que no estén sujetos al régimen de municipios de gran población y tengan más de:

. a) 10.000 habitantes.
. b) 50.000 habitantes.
. c) 75.000 habitantes.
. d) 25.000 habitantes.
49.- De acuerdo con el artículo de la Constitución española de 1978, la defensa de los consumidores y usuarios que debe garantizarse por los poderes públicos, deberá proteger, mediante procedimientos eficaces:

. a) La seguridad y la calidad de los bienes y servicios, así como los intereses económicos legítimos de los consumidores y usuarios.
. b) La seguridad y salud de los consumidores y usuarios.
. c) La seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
. d) La información correcta sobre los bienes o servicios, la seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios.
50.- Las competencias en materias que no están reservadas al Estado en la Constitución Española de 1978:

. a) Corresponden a las Comunidades Autónomas.
. b) Pueden asumirse por el Estado mediante Ley Orgánica.
. c) Pueden asumirse por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
. d) Corresponden a las Comunidades Autónomas y, en su caso, a los municipios, provincias e islas.

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