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Oposiciones201810_ITI

ITI_CAC_2018

1. Los proyectos de reforma constitucional que propongan la revisión del Título III:

. a. Requerirán su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Será sometida a referéndum para su ratificación.
. b. Requerirán su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
. c. Deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se creará una Comisión paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, y de mayoría de dos tercios del Congreso.
. d. Deberán ser aprobados por una mayoría de dos quintos de cada una de las Cámaras.
2. La potestad reglamentaria, según la Constitución, es ejercida por:

. a. El Gobierno y la Administración.
. b. El Gobierno.
. c. El Consejo de Gobierno y el Congreso de los diputados.
. d. Las Cortes Generales.
3. La Constitución Española establece, respecto a la federación de Comunidades Autónomas que:

. a. Los Estatutos de las Comunidades Autónomas deberán prever los supuestos, requisitos y términos en que éstas puedan constituirse en Federación.
. b. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, previa constitución de la federación y su comunicación a las Cortes Generales.
. c. La constitución de federaciones de Comunidades Autónomas necesitará la autorización de las Cortes Generales.
. d. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
4. Los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas:

. a. No podrán celebrarse si no están previstos en sus propios Estatutos.
. b. Podrán autorizarse por las Cortes Generales.
. c. Podrán autorizarse por el Gobierno.
. d. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
5. De conformidad con la Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas podrá ejercerse:

. a. Por el Consejo de Estado.
. b. Por el Senado.
. c. Por el Tribunal de Cuentas.
. d. Por el Delegado del Gobierno.
6. El fondo de compensación interterritorial será distribuido entre las Comunidades Autónomas y provincias por:

. a. Por el Gobierno.
. b. Por el Senado.
. c. Por el Tribunal de Cuentas.
. d. Por las Cortes Generales.
7. Según la Constitución Española, la provincia es:

. a. Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
. b. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
. c. Una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
. d. Una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
8. Según la Constitución Española, en un municipio:

. a. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales.
. b. Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Concejales serán elegidos por el Alcalde.
. c. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
9. ¿A quién le corresponde la función de promover el interés general de la Unión Europea y formar las iniciativas adecuadas para este fin?

. a. Consejo Europeo.
. b. Defensor del Pueblo Europeo.
. c. Comisión Europea.
. d. Parlamento Europeo.
10. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se compone de un juez por Estado miembro, designado por un periodo de:

. a. Seis años renovables.
. b. Tres años sin posibilidad de renovación.
. c. Diez años.
. d. Cinco años renovables.
11. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, es infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales:

. a. Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
. b. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los trabajadores.
. c. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
. d. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
12. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas:

. a. Cada empresa aplicará su Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
. b. Será obligatorio designar un coordinador.
. c. Las empresas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales estableciendo los medios de coordinación necesarios.
. d. No es posible que trabajadores de más de dos empresas desarrollen actividades a la vez en un mismo centro de trabajo.
13. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público:

. a. Deberá siempre acompañarse de un informe de impacto de género, independientemente de los casos de urgencia.
. b. Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
. c. Es suficiente con la aprobación de las bases de las convocatorias por el órgano competente.
. d. No se exige informe de impacto de género.
14. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres:

. a. Es el órgano directivo para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
. b. Es el órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.
. c. Es el órgano que establece el conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
. d. Es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad.
15. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿qué plazo abarcan los marcos presupuestarios a medio plazo?

. a. Un plazo mínimo de cinco años.
. b. Un plazo máximo de tres años.
. c. Un plazo mínimo de tres años.
. d. Un plazo máximo de cinco años.
16. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se entiende por sostenibilidad financiera:

. a. La contabilidad de las administraciones públicas, que deberá contener información que permita verificar su situación financiera y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.
. b. La planificación plurianual y de programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
. c. La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
. d. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda públicas.
17. De conformidad con la LO2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, quién compone el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA:

. a. El ministro de economía y hacienda y los presidentes de cada Comunidad Autónoma.
. b. El ministro de administraciones públicas y el consejero de hacienda de cada comunidad autónoma.
. c. El ministro de economía y hacienda, el ministro de administraciones públicas y el consejero de hacienda de cada comunidad autónomas.
. d. El ministro de economía y hacienda, el ministro de administraciones públicas y el presidente de cada comunidad autónoma.
18. De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Compensación se distribuirá:

. a. Por las Cortes Generales, entre las Comunidades Autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía.
. b. Por el Gobierno, entre las Comunidades Autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía.
. c. Por las Cortes Generales, entre las regiones ultraperiféricas y las ciudades con estatuto de autonomía.
. d. Por las Cortes Generales, entre las regiones ultraperiféricas y las ciudades con estatuto de autonomía.
19. En materia de transparencia de las Administraciones Públicas, las resoluciones de acceso a la información pública y buen gobierno deberán notificarse, con carácter general:

. a. En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
. b. En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
. c. En el plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
. d. En el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
20. Según Reg.(UE)2016/679, Parl.Euro.yCons., 27 ab. 2016 prot. pers. fís. respecto al tto datos pers. y libre circulac. de estos datos y deroga Direct. 95/46/CE, quien det. fines y medios del tto es:

. a. El Encargado.
. b. El Responsable.
. c. El Encargado y el Responsable.
. d. El Delegado de protección de datos.
21. En materia de protección de datos personales, el delegado de protección de datos:

. a. No podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento.
. b. Podrá formar parte de la plantilla del responsable del tratamiento, pero no de la plantilla del encargado del tratamiento.
. c. Solo podrá desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.
. d. Podrá formar parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento o desempeñar sus funciones en el marco de un contrato de servicios.
22. ¿Qué es la sede electrónica?

. a. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una administración pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
. b. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente a una administración pública.
. c. La dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad puede corresponder a una administración pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el ejercicio de sus competencias.
. d. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración Pública, que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
23. Cd notific medios elect sea oblig, o haya sido expresam elegida por el interesado, se entenderá rechazada cd hayan transcurrido desde puesta a disposic de notificac sin q se acceda a su contenido:

. a. 7 días naturales.
. b. 10 días naturales.
. c. 7 días hábiles.
. d. 10 días hábiles.
24. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son:

. a. Siempre hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.
. b. Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
. c. Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
. d. Siempre naturales, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo.
25. Las Administraciones Públicas:

. a. Están obligadas a dictar resolución expresa en todos los casos.
. b. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de prescripción.
. c. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de renuncia al derecho.
. d. Se exceptúa de la obligación de resolver en los casos de la terminación del procedimiento por pacto o convenio.
26. El instructor de un procedimiento administrativo podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba:

. a. Cuando no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, por un plazo no superior a quince días.
. b. Cuando lo considere necesario, por un plazo no superior a quince días.
. c. Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días.
. d. Cuando lo considere necesario, a petición de los interesados, por un plazo no superior a quince días.
27. ¿En qué principio se basa la posibilidad de acordar en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo?

. a. Principio de celeridad.
. b. Principio de simplificación administrativa.
. c. Principio de eficiencia.
. d. Principio de proporcionalidad.
28. Contra las disposiciones administrativas de carácter general podrá interponerse por los interesados:

. a. Recurso de alzada.
. b. Recurso potestativo de reposición.
. c. No cabe recurso en vía administrativa.
. d. Recurso extraordinario de revisión.
29. Podrá interponerse recurso de alzada:

. a. Ante el órgano que instruyó el acto que se impugna o ante el órgano que lo dictó.
. b. Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
. c. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
. d. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
30. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos de suministros tendrán un plazo máximo de duración, incluyendo las posibles prórrogas, de:

. a. 3 años.
. b. 5 años.
. c. 4 años.
. d. 2 años.
31. Según L9/2017, 8 nov, Contratos del Sector público, en los procesos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será:

. a. No superior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
. b. No inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
. c. No inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
. d. No superior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
32. ¿Cuál es el proced de adjudicación en el que sólo pueden presentar proposiciones aquellos empresarios q, a su solicitud y en atenc a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratac?

. a. Procedimiento restringido.
. b. Procedimiento negociado.
. c. Diálogo competitivo.
. d. Procedimiento selectivo.
33. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los pliegos de cláusulas administrativas particulares se aprobarán:

. a. Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella.
. b. Con posterioridad a la aprobación del gasto.
. c. Siempre antes de la aprobación del gasto.
. d. Se podrán aprobar antes o después de la aprobación del gasto.
34. ¿Cuál es el porcentaje máximo de modificación que puede prever el pliego de cláusulas administrativas de un contrato de la Administración Pública durante su plazo de vigencia?:

. a. 10 % del precio inicial.
. b. No puede prever variación alguna.
. c. 50% del precio inicial.
. d. 20% del precio inicial.
35. En el contrato de concesión de obras previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el riesgo y ventura de la ejecución de las obras corresponderá a:

. a. Al concesionario, salvo la parte que pudiera ejecutar la Administración.
. b. En su totalidad a la administración concedente.
. c. Compartido a partes iguales entre la administración y el concesionario.
. d. A la empresa ejecutora material de las obras.
36. Según L39/2015, 1 oct, del PAC de las AAPP, el derecho a reclamar una indemnización patrimonial, salvo en los casos de carácter físico o psíquico a las personas:

. a. No prescribe.
. b. Prescribe a los seis meses de producido el hecho o acto que motive la indemnización.
. c. Prescribe a los tres meses de producido el hecho o acto que motive la indemnización.
. d. Prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización.
37. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por:

. a. Las asambleas parlamentarias mediante consenso.
. b. Los órganos de gobierno si se trata de casos de cuantía elevada.
. c. Una comisión especializada creada para la ocasión.
. d. Los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.
38. Dentro de los derechos individuales de los empleados públicos en relación con la condición de funcionario de carrera, el Estatuto Básico del Empleado Público dispone que se tiene derecho a la:

. a. Intangibilidad.
. b. Inamovilidad.
. c. Intimidad.
. d. Inmediatividad.
39. Según la Ley de 3 de abril de 1987 de la Función Pública Canaria, en relación al artículo 95.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes faltas se considera grave?

. a. Falta de asistencia injustificada de un día.
. b. No guardar sigilo de los asuntos conocidos por el cargo.
. c. Abandono del servicio.
. d. Incumplir las normas sobre incompatibilidades.
40. Dentro de los términos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Canarias es:

. a. La norma institucional supletoria de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento.
. b. La norma competencial supletoria de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
. c. La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
. d. La norma competencial básica de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Estado lo reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
41. La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias corresponderá a:

. a. Al Parlamento, al Gobierno de Canarias o al Presidente del Gobierno.
. b. Al Parlamento, al Presidente del Gobierno o a las Cortes Generales.
. c. Al Parlamento, al Gobierno de Canarias o a las Cortes Generales.
. d. Al Gobierno de Canarias, al Presidente del Gobierno, a las Cortes Generales.
42. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la organización de la Administración Pública Canaria responderá a los principios de:

. a. Eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular.
. b. Eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho municipal.
. c. Eficiencia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular.
. d. Eficiencia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho municipal.
43. Los reglamentos orgánicos de los Departamentos determinarán:

. a. Únicamente las estructuras centrales y territoriales de los mismos.
. b. Únicamente las estructuras centrales de los mismos.
. c. Las estructuras centrales de los mismos, asignando a dichos órganos las atribuciones específicas que les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería.
. d. Las estructuras centrales y territoriales de los mismos, asignando a cada órgano las atribuciones específicas que les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería.
44. Se entenderá por sede de las Consejerías:

. a. La ciudad en la que se fije la oficina principal de despacho del Consejero.
. b. La ciudad en la que resida el Consejero.
. c. La ciudad que fije el Consejero.
. d. La ciudad que fije el Parlamento de Canarias.
45. El número y denominación de las Consejerías del Gobierno se establecerá:

. a. En el Estatuto de autonomía de Canarias.
. b. Por Ley.
. c. Por Decreto del Gobierno.
. d. Por Decreto del Presidente.
46. Las direcciones generales son órganos a los que corresponde:

. a. Un sector material de las funciones del Departamento.
. b. El sector material que asigne específicamente el Consejero.
. c. La coordinación administrativa general de los Departamentos.
. d. La coordinación administrativa general que asigne específicamente el Consejero.
47. De conformidad con la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, son órganos de gobierno necesarios de los cabildos insulares:

. a. El pleno, el presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular.
. b. El pleno, el presidente y el consejo de gobierno insular.
. c. El pleno, el presidente y el o los vicepresidentes.
. d. El presidente, el o los vicepresidentes y el consejo de gobierno insular.
48. Las competencias que se asuman por los cabildos insulares mediante delegación se someten:

. a. Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas, con las singularidades previstas en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, y en la legislación autonómica, así como las que se prevean en los decretos de delegación.
. b. Únicamente al régimen jurídico que se prevean en los decretos de delegación.
. c. Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas y las singularidades previstas en los decretos de delegación.
. d. Al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas, y las singularidades previstas en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.
49. A los efectos de la Ley de Municipios de Canarias, constituye parte del sector público municipal de Canarias:

. a. Los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales constituidas para la prestación de servicios públicos y actividades de competencia municipal por el Cabildo Insular.
. b. Los consorcios en que se integren entidades municipales canarias, cuando estén adscritos a alguna de ellas.
. c. Las sociedades mercantiles constituidas por entidades municipales con capital exclusivamente público.
. d. Las Asociaciones de municipios.
50. De conformidad con la Ley de Municipios de Canarias, son competencias propias de los municipios de Canarias:

. a. Aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado y las de la Comunidad Autónoma de Canarias.
. b. Únicamente aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes del Estado.
. c. Únicamente aquellas cuya titularidad le atribuyen las leyes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
. d. Aquellas cuya titularidad le atribuyan el Estado, la Comunidad Autónoma, los Cabildos insulares u otras Administraciones Públicas.

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